(Foto: Codeh-Ica)

JUSTICIA FRENTE A LAS URGENTES DEMANDAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES AGRARIOS DE LA REGIÓN ICA

La protesta de las y los trabajadores de la agroexportación y agroindustria que se viene desarrollando en la región Ica, constituye el ejercicio legítimo del derecho humano a la protesta social, constitucional e internacionalmente protegido por tratados que el Perú ha ratificado. Este derecho no puede ser estigmatizado y menos reprimido irracionalmente como demandan sectores que se han beneficiado del status quo del régimen económico y laboral de explotación, contra el que, precisamente, se protesta en la región Ica.

En vez de ello, deben atenderse las causas que originan la protesta, y la demanda de derogatoria del Decreto de Urgencia 043-2019 que prorrogó hasta el año 2031 un régimen laboral en el que las remuneraciones diarias –en el mejor de los casos–no superan los S/. 39.00 diarios, dentro de los cuales ya están incluidas las gratificaciones y CTS que reciben los demás trabajadores; las jornadas de trabajo alcanzan las 12 horas diarias, sin pagos extras por este tiempo de trabajo; y donde, sobre la base del abuso de la contratación temporal y la tercerización de las actividades, se niega la oportunidad de que existan sindicatos o se negocie colectivamente las condiciones de empleo de los trabajadores de región Ica. Todos ellos derechos humanos que el Estado está en la obligación de garantizar.

A la preocupante situación que se vive en Ica, como ha ocurrido igualmente en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ucayali, se suma el que las actividades agroexportadoras no paralizaron en ningún momento durante la pandemia de la COVID-19. Las condiciones en las que las y los trabajadores fueron trasladados y han venido trabajando en los fundos no cumplieron con los protocolos establecidos para el sector, y nadie se preocupó de verificarlas, ocasionando contagios y muertes entre los trabajadores, como fue denunciado por comuneros de San Juan Bautista de Catacaos, sin que las autoridades respectivas investigaran lo que venía sucediendo.

Se trata, como se ve, de reclamos justos que deben ser atendidos prontamente por las autoridades. Hacemos, por ello, un llamado a las autoridades del nuevo gobierno para que dialoguen con las y los trabajadores y resuelvan este dramático tema de inmediato. Invocamos a todos los actores involucrados, y en especial al Estado Peruano, a no actuar con violencia y resolver estos problemas por la vía del diálogo.

Como señala la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Sin justicia social no habrá paz.

Perú, 1ro. de diciembre del 2020

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