Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2022: del filo del abismo al abismo
El 2022 ha sido un año marcado por la inestabilidad e incertidumbre como resultado de las múltiples crisis que afectan a nuestra sociedad y a la humanidad en su conjunto. Más aún, a partir del 7 de diciembre, el Perú ingresó en un período de turbulencia política que supera largamente a cualquier otra crisis política de las últimas décadas. El balance de la situación de los derechos humanos nos deja una agenda cuyo eje articulador es la defensa de conquistas que se consideraban irreversibles. Se tuvieron que afrontar procesos de violaciones masivas de los derechos que nos recuerdan los peores años del conflicto armado interno.
Si bien nuestra grave crisis política presenta una historia propia, no podemos dejar de lado los impactos de la crisis climática y sanitaria, tampoco los efectos de la disputa por la hegemonía global, que se pusieron de manifiesto en diversos conflictos regionales, en particular la guerra en Ucrania. Y entre el cambio climático que provoca sequías y la guerra que bloqueó el comercio de cereales y fertilizantes, hemos comenzado a sentir las consecuencias de un proceso inflacionario, que frenó la limitada recuperación económica pospandemia.
Lamentablemente, ha sido una ocasión desperdiciada para pensar y actuar de manera solidaria frente a las graves desigualdades que afectan a un país como el nuestro, donde el 72 % considera que la brecha entre ricos y pobres es muy grave, así como la disparidad entre las ciudades y las zonas rurales, que alcanza el 61 %, y entre Lima y el resto del país, con un 56 % (Enades, 2022).
A contramano de lo que hicieron muchas de nuestras comunidades que resistieron, porque reforzaron sus lazos de solidaridad y apelaron a lo mejor de sus tradiciones, en la sociedad, en su conjunto, la mayoría de ciudadanas y ciudadanos quedaron librados a su suerte y se fortaleció una lógica individualista y competitiva que alienta la fragmentación de los intereses y de los espacios de acción común, y una generalizada desconfianza frente a las demás personas e instituciones. Esto se nota más cuando ellas están capturadas por intereses particulares y, en muchos casos, por prácticas corruptas que saquean los bienes públicos, conforme lo manifiesta el 66 % de la población que cree que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos poderosos, quienes buscan su propio beneficio, por lo que los adinerados cuentan con demasiada influencia en las decisiones (68 %). El 50 % cree que el Perú está gobernado solo por Lima y que no se valora a las demás regiones del país (Enades, 2022).
Diversas manifestaciones de violencia presentes en la vida cotidiana de la sociedad agudizan la sensación de inseguridad y son manipuladas para alentar respuestas represivas y salidas autoritarias. No es casual la alta incidencia de episodios de violencia de género y su tolerancia social. Ciertamente, lo anterior convive con múltiples formas de solidaridad y resistencia, expresiones de pensamiento crítico y cultura de derechos; pero, sin duda, ha crecido la beligerancia y visibilidad de los movimientos antiderechos, racistas, misóginos y lesbotransfóbicos, que apuntan directamente contra la causa de los derechos humanos y las poblaciones más vulnerables en nuestra sociedad.
En este informe, proponemos un análisis de la crisis que apunta a que saquemos a la luz sus condicionantes estructurales y que trata de identificar actores y propuestas para revertir su deriva actual. Asimismo, nos concentramos en identificar actores y contenidos de las propuestas antiderechos en función de promover respuestas amplias, creativas e innovadoras desde la sociedad civil diversa. Esperamos que este informe ayude a organizaciones, colectivos y personas involucradas a elaborar un balance de este año, en el que hemos caminado muchas veces en el filo del abismo. Del mismo modo, buscamos renovar el compromiso con la lucha por el respeto de todos los derechos para todas y todos.
