El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada en favor de las personas detenidas durante la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte en enero de 2023. La sentencia reconoce la vulneración del derecho a la libertad individual, así como una serie de irregularidades que configuran una detención arbitraria e indebida por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según el fallo del TC —que contó con los votos de los magistrados Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Manuel Monteagudo Valdez—, la intervención policial en el campus universitario fue «innecesaria y desproporcionada». Aunque existía un pedido de las autoridades de la universidad para “liberar las puertas” tomadas por manifestantes la noche anterior al 21 de enero, el accionar policial excedió ampliamente los límites de legalidad y razonabilidad que deben guiar el uso de la fuerza. Las detenciones masivas se realizaron sin criterios claros de diferenciación entre personas hostiles, manifestantes pacíficos o incluso adultos mayores, lo que constituye una grave falta a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Los testimonios y registros audiovisuales difundidos por distintos medios de comunicación evidencian que muchos de las y los detenidos fueron obligados a arrodillarse o a echarse boca abajo sobre el suelo mientras se revisaban sus pertenencias. Todo esto ocurrió sin una debida identificación de los responsables de los actos previos ni garantías mínimas del debido procedimiento policial. El TC advirtió que esta actuación no solo vulneró la libertad individual, sino también otros derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, la privacidad —por la irrupción en las residencias estudiantiles—, la propiedad y el derecho a la protesta.
En su sentencia, el Tribunal también realiza un análisis sobre el rol de la universidad en una sociedad democrática. Señala que esta no puede ser vista únicamente como un espacio de transmisión de conocimientos, sino como un lugar donde se cultivan el pensamiento crítico, el debate de ideas y la defensa de valores como la justicia, la libertad y la tolerancia. Por ello, el Estado tiene la obligación de proteger la autonomía universitaria y garantizar que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la protesta sin temor a represalias.
La resolución del TC sienta un importante precedente en la defensa de los derechos fundamentales en contextos de protesta social. Reconoce que el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado no solo afecta el debido procedimiento, sino que puede tener efectos colaterales graves en la vida de las personas y en el ejercicio de libertades esenciales en un régimen democrático.
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