La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante el anuncio del posible uso de la fuerza pública para deponer a la Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, manifiesta lo siguiente:
- 1- Tal como lo hemos señalado, la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca reponer a la Dra. Patricia Benavides como Fiscal de la Nación es inconstitucional y contraria al derecho, por las diversas razones expuestas por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público.
- 2.- La reciente comunicación del Ministerio del Interior, que cuestiona la legitimidad de la Dra. Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, evidencia una preocupante interferencia del Poder Ejecutivo en un asunto que debe resolverse dentro de los cauces institucionales del propio Ministerio Público. Esta acción vulnera la autonomía fiscal y se enmarca en una estrategia para desestabilizar una institución clave para la democracia.
- 3.- La intervención de la fuerza pública para reponer a Patricia Benavides sobre la base de una resolución inconstitucional representa una actuación abiertamente ilegal. No existen condiciones jurídicas ni constitucionales que justifiquen el uso de la fuerza en este contexto. El Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no deben ejecutar ni respaldar acciones que violen el principio de legalidad ni que comprometan la independencia del Ministerio Público.
- 4.- De concretarse una toma violenta de las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, amparada en una resolución inconstitucional, estaríamos frente a un grave atentado contra la independencia de una institución autónoma, fundamental en la lucha contra la delincuencia y garante de los derechos fundamentales.
- 5.- Hacemos un llamado a la ciudadanía a no aceptar esta agresión al Estado de Derecho y a defender las instituciones autónomas que hoy están bajo amenaza de captura por parte de sectores antidemocráticos.
- 6.- Asimismo, convocamos a la opinión pública, a las instituciones, colegios profesionales y partidos políticos comprometidos con la democracia, a pronunciarse frente a esta grave afectación al Estado de Derecho. Si este desmantelamiento institucional continúa, el país enfrentará un proceso electoral sin garantías mínimas de legitimidad ni aceptación ciudadana.
Lima, 23 de junio de 2025
