La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su profunda solidaridad con la organización salvadoreña Cristosal, institución con más de 25 años de trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador, que se ha visto forzada a cerrar sus oficinas ante el hostigamiento sistemático del Ejecutivo presidido por Nayib Bukele.
La detención arbitraria de integrantes de Cristosal, entre ellos la abogada Ruth López, en el marco de su participación en procesos judiciales relacionados con denuncias de corrupción, constituye un grave atentado contra el Estado de derecho. A ello se suma la aplicación de la denominada Ley de Agentes Extranjeros y otras normas administrativas, que han configurado un patrón de acoso legal permanente contra organizaciones de la sociedad civil.
Este clima de persecución ha generado temor en la ciudadanía e inhibe gravemente el ejercicio de libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos.
Lo ocurrido con Cristosal no es un hecho aislado. Forma parte de una preocupante ola global de ataques contra organizaciones defensoras de derechos humanos, que en América Latina se expresa con fuerza en países como El Salvador, Nicaragua y Paraguay, donde los autoritarismos buscan eliminar todo contrapeso y suprimir a la sociedad civil.
Lo más preocupante es que el Perú muestra señales preocupantes de avanzar por ese mismo camino. Desde la CNDDHH, alertamos sobre esta peligrosa tendencia y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del espacio cívico y democrático. Silenciar a quienes defienden derechos es abrir la puerta al autoritarismo. No podemos ser indiferentes.
Lima, Perú, 18 de julio 2025
