Tras la aprobación de la censura del presidente encargado, José Jeri, reiteramos que esta decisión se produce en un contexto de grave crisis institucional que exige responsabilidad política y estándares éticos claros en el ejercicio del poder.
Desde su designación advertimos que no se trataba de una persona idónea para ejercer el cargo, debido a las denuncias por agresión sexual que existían en su contra. A ello se suma que, durante su encargatura, se incrementó el crimen organizado en distintas regiones del país, sin una estrategia integral y eficaz para enfrentarlo y garantizar la protección de la ciudadanía. La expansión de economías ilegales, la violencia vinculada a redes criminales y la creciente sensación de inseguridad reflejan una respuesta insuficiente del Estado frente a uno de los principales desafíos nacionales.
Asimismo, se han conocido reuniones irregulares con proveedores del Estado y posteriores contrataciones de personas que visitaron su despacho, hechos que profundizan los cuestionamientos sobre la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública.
Durante este periodo, el Estado ha seguido desprotegiendo a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En el caso Awajún, se denunciaron violaciones contra niñas indígenas sin investigaciones oportunas ni respuestas efectivas del Ejecutivo; y las graves denuncias vinculadas a niñas en albergues ponen en evidencia fallas estructurales en los sistemas de protección y una inaceptable falta de decisión política para garantizar sus derechos.
A puertas del proceso electoral de abril, la ciudadanía debe tener presente que este Congreso ha sido uno de los principales responsables del deterioro institucional, la inestabilidad política y el debilitamiento de los contrapesos democráticos. Las decisiones adoptadas en este periodo han profundizado la crisis y han erosionado la confianza pública.
El país requiere autoridades con legitimidad y compromiso real con la protección de derechos. Reconstruir la institucionalidad democrática demanda integridad, responsabilidad y una clara voluntad de garantizar los derechos de todas las personas.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Lima, 17 de febrero de 2026
