(Foto. Andina)

Nota de prensa

El 14 de abril, la organización de la sociedad Civil, Fomento de la Vida (FOVIDA) solicitó formalmente que la Junta de Fiscales Supremos declare fundado el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N° 012-2026-MP-FN-JFS, que designa al nuevo Fiscal de la Nación titular, por haber sido emitida vulnerando principios constitucionales y requisitos esenciales del acto administrativo.

Este pedido, al que públicamente nos adherimos en defensa del interés público y la legalidad, es sustentado en nueva prueba que acredita la participación y votación ilegal de la Sra. Patricia Benavides Vargas, quien sigue ejerciendo el cargo de Fiscal Suprema pese a encontrarse suspendida en el ejercicio profesional del derecho por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, desde el 27 de enero del 2026. Es decir, desde hace tres (03) meses.

El plazo para que este pedido de reconsideración tenga respuesta es el 27 de mayo (30 días hábiles desde la presentación), fecha en la que la Sra. Benavides estaría ejerciendo ilegalmente el cargo de fiscal suprema durante 04 meses.

Graves irregularidades en la elección

Vulneración del ordenamiento jurídico

La resolución impugnada incurre en vicios insubsanables que determinan su nulidad:

Estos hechos comprometen gravemente principios fundamentales como la legalidad, la autonomía del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.

Defensa del interés público y la institucionalidad

La elección del Fiscal de la Nación titular no es un acto aislado, sino una decisión que impacta directamente en el sistema de justicia y en la confianza ciudadana. Permitir que una designación se sostenga sobre un procedimiento viciado debilita gravemente el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

Por ello, nos sumamos a la exigencia de que la Junta de Fiscales Supremos, en cumplimiento de sus funciones constitucionales:

El país demanda autoridades elegidas conforme a la Constitución y la ley.

El Ministerio Público debe ser el guardián de la legalidad.

Sin legalidad, no puede haber justicia.

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDDHH)
GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCIÓN (GTCC)