Organizaciones vecinales, colectivos sociales, investigadores y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se reunieron para analizar nueve casos de conflictividad urbana y promover una agenda común de defensa de derechos.
El encuentro “Conflictos urbanos y derecho a la ciudad en el área metropolitana de Lima y Callao” se realizó en el local de la CNDDHH, por iniciativa del Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social (CONURB) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en coordinación con la Coordinadora. La reunión se desarrolló en el marco de la presentación de los resultados del Observatorio Metropolitano de Conflictos Urbanos.
Durante la jornada, el equipo de CONURB presentó un diagnóstico que registra 57 conflictos urbanos en Lima Metropolitana y el Callao desde 2022, relacionados principalmente con proyectos de infraestructura vial, acceso al suelo y la vivienda, y uso de espacios públicos. El análisis también identificó al Estado como actor central en una parte significativa de estos conflictos.
Más de una veintena de dirigentes y dirigentas vecinales, profesionales y especialistas compartieron sus experiencias en nueve casos ubicados en el Callao, Ate–La Molina, San Juan de Lurigancho, San Isidro, Barranco, Jesús María, el Cercado de Lima, Surquillo y Surco.
Entre los principales problemas expuestos figuran el incumplimiento de estándares de gestión social y ambiental en proyectos de infraestructura, las deficiencias en los procesos de planificación urbana y presuntas irregularidades vinculadas a empresas concesionarias. Los participantes también advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las comunidades para hacer valer sus derechos frente a proyectos públicos que involucran a empresas privadas.
Ante este escenario, se destacó la importancia de abordar estos conflictos desde el derecho a la ciudad, reconocido en la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Este enfoque comprende, entre otros aspectos, el derecho a una vivienda adecuada, a un hábitat seguro y saludable, a la participación ciudadana efectiva y al acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
La CNDDHH reafirmó su compromiso con las organizaciones sociales que defienden estos derechos y subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades de los colectivos vecinales y promover una mayor articulación entre la sociedad civil, la academia y el movimiento de derechos humanos.
El encuentro marca el inicio de un proceso de coordinación entre la CNDDHH y el Observatorio Metropolitano de Conflictos Urbanos para visibilizar la dimensión metropolitana de estas problemáticas y acompañar a las comunidades que defienden su derecho a la ciudad en Lima y Callao.
