Ante la crisis política exigimos una salida democrática y constitucional

• El presidente Castillo debe aclarar las acusaciones de corrupción.
• Un gabinete plural y paritario.
• El Congreso debe cesar de vulnerar la institucionalidad democrática.

Frente a las graves acusaciones de corrupción que involucrarían al presidente de la República, a su entorno más cercano, así como a altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo; y, frente a las interpretaciones antojadizas que se hacen de la Constitución vulnerando derechos y profundizando las desigualdades estructurales, denunciamos que:

• La situación de criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y territorios se agrava. En esto, Legislativo y Ejecutivo tienen un pacto de impunidad expresado en leyes que favorecen el tráfico de tierras y el despojo de territorios. Así, la Ley 31056 extendió el plazo para formalizar “propiedades informales” hasta el 2026. Igualmente, el proyecto de ley 1236/2021-CR, afecta zonas arqueológicas o el proyecto de COFOPRI que pretende titular lotes en zonas de riesgo a sola firma del beneficiario y bajo la responsabilidad de la mitigación.

• La colaboración eficaz, herramienta para investigar graves crímenes, está amenazada por componendas entre las distintas agrupaciones políticas para debilitar el sistema anticorrupción. Existen iniciativas legislativas que pretenden limitar su eficacia y obstaculizar el periodismo de investigación.

• Se intenta implementar una intervención de las fuerzas de seguridad que no responde a los estándares de derechos humanos, es decir, sin respetar la proporcionalidad, legítimidad y necesidad en el uso de la fuerza. Esto se evidencia, en el proyecto de ley 1373, que pretende eludir la responsabilidad penal, al plantear su procesamiento en el fuero militar y no en el fuero civil, pretendiendo el retorno a la impunidad corporativa de los años noventa y al negacionismo de las violaciones de derechos humanos. En plena crisis de inseguridad ciudadana se mantiene en la cabeza del sector a una persona con denuncias por abuso de autoridad y corrupción, dejando de lado el compromiso de reforma institucional adoptada después de la violencia policial del 2020.

• La salud pública se encuentra en serio peligro ante el nombramiento de personas poco idóneas para el cargo, que no garantizan la universalidad del derecho a la salud, con regulaciones, intervenciones y prestaciones basadas en el desarrollo científico para todos los niveles de atención. Es indispensable que la autoridad del sector tenga la experiencia y competencias necesarias y una trayectoria libre de corrupción.

• Enfrentamos una institucionalidad democrática cada vez más debilitada por las continuas amenazas a su legitimidad y por los intentos de copar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo con personajes altamente cuestionados. Además, por la conformación de un gabinete, y la alta dirección de los sectores, con criterios cada vez más lejanos a la paridad y a una cultura respetuosa de la igualdad, contraria a la discriminación, al sexismo, al racismo y a la homolesbotransfobia.

Ante lo señalado, demandamos:

Que, se acuerde una salida democrática constitucional a esta crisis política producida por la inútil disputa en las altas esferas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, de espaldas a la población y sus necesidades. Alertamos que el desencanto y la indignación ciudadana van en aumento.

Que, el presidente de la República deslinde inmediatamente de las acusaciones de corrupción directa e indirecta, difundidas por la prensa, producto de las declaraciones de una aspirante a colaboradora eficaz.

Que, se conforme un gabinete plural y paritario que defienda los derechos humanos, solucione las necesidades de la población, alejado de la corrupción.

Que, el Congreso desista de debilitar la institucionalidad democrática con interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales y propuestas vulneratorias de derechos. Recalcamos que ambos poderes deben respetar el marco institucional de los derechos humanos en su dimensión de universalidad, integralidad y no regresividad.

Recordamos finalmente, que existe la prohibición de no regresión de los derechos humanos, y si ello ocurriera, acarrearía responsabilidad del Estado peruano ante los tribunales internacionales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.