ANTE LA INJUSTA CONDENA DE DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la injusta condena de prisión efectiva recaída sobre Jesús Mariano Cornejo Reynoso (7años y 4 meses), Presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo, y, sobre Jaime de la Cruz (12 años y 4 meses), ex alcalde del distrito Deán Valdivia. Consideramos que dicha sentencia es una represalia por la labor de defensa del derecho al medio ambiente y el agro en el Valle de Tambo, que ambos dirigentes venían ejerciendo, frente a la imposición del proyecto minero Tía María en Arequipa.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa, atribuye responsabilidad a los defensores por acciones de terceras personas desarrolladas durante las protestas de agricultores que se llevaron a cabo en el 2015. Estos argumentos atentan contra el carácter personal de la responsabilidad penal y contravienen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual no se puede responsabilizar a los dirigentes sociales por acciones de terceras personas (Exp. 00009-2018-AI/TC).

En lo inmediato, solicitamos que se suspenda la ejecución de la Sentencia hasta que la decisión sea revisada en segunda instancia, tal como prevé el art. 418 del Código Procesal Penal. Ello, porque la inmediata detención de dichos dirigentes no está fundamentada en ninguna circunstancia que haga prever que no cumplirán con la sentencia final, cuando por el contrario han acreditado arraigo domiciliario, familiar y laboral y se han presentado a todas las diligencias judiciales a las que fueron citados sin rehuir a la investigación y  juzgamiento durante los más de 5 años que ha durado el proceso. A ello, debemos sumar el hecho de que una detención inmediata en un penal, puede poner en grave riesgo la vida de dichos dirigentes, quienes presentando comorbilidades, pueden contagiarse de Covid-19 con consecuencias fatales. En ese sentido respaldamos la impugnación  a esta medida gravosa presentada por su defensa.

Así mismo, es importante señalar que la suspensión de la ejecución es, también, necesaria para evitar un escalamiento de la tensión social en la zona, especialmente teniendo en cuenta que en el marco del conflicto en el Valle del Tambo seis personas han fallecido por la acción de las fuerzas del orden, y lamentablemente estos casos se encuentran en la impunidad hasta la fecha.

La criminalización de la protesta social, así como el hostigamiento judicial contra defensores de derechos humanos y ambientalistas en nuestro país ha sido una constante, y esta política punitiva de los derechos humanos es algo que necesitamos cambiar para construir un país justo, con paz social y efectivamente democrático donde la oposición a las políticas gubernamentales sea respetada y no castigada menos aún criminalizada. Respaldamos a los pobladores del Valle de Tambo que exigen que se respete la decisión de no ingreso del proyecto minero Tía María porque la actividad agrícola es su principal fuente de vida, y de trabajo y de bienestar compartido.

Lima, 21 de enero del 2021.

Firmas