PRONUNCIAMIENTO
El Perú llega a la segunda vuelta electoral en medio de un preocupante deterioro democrático y un grave retroceso en materia de derechos humanos. Durante los últimos años hemos advertido la captura progresiva de instituciones autónomas, la concentración de poder político, el debilitamiento del sistema de justicia y la aprobación de normas que favorecen la impunidad. Este proceso ha sido impulsado por una mayoría parlamentaria liderada por el fujimorismo y respaldada por otras “fuerzas políticas”, que han promovido reformas y decisiones contrarias a los principios democráticos, socavando la institucionalidad y erosionando profundamente la confianza ciudadana.
En este escenario, no se trata únicamente de elegir a la principal autoridad de uno de los poderes del Estado, que además estará sujeta al control del Senado. Lo que está en juego es el riesgo de profundizar una ruta de mayor concentración de poder y debilitamiento institucional, o avanzar hacia la reconstrucción de una democracia sustentada en la separación de poderes, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Exigimos compromisos claros, públicos y verificables con estos principios, así como la adopción del Consenso Nacional por los Derechos Humanos, una agenda ciudadana que plantea prioridades fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar derechos para todas las personas. Entre ellas:
- Restituir el equilibrio de poderes y garantizar la independencia y autonomía de las instituciones democráticas y del sistema de justicia.
- Derogar las leyes que favorecen la impunidad, debilitan la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y facilitan la expansión del crimen organizado y las economías ilegales.
- Garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, así como para las víctimas de la represión ocurrida por ejemplo en las protestas sociales del 2020, 2022 y 2023, y de los hechos que ocasionaron la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba (Huancavelica) durante una intervención militar.
- Fortalecer las políticas de igualdad de género, garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ y reforzar las acciones de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres, asegurando además el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
- Proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil.
- Cumplir los compromisos del Estado frente a la crisis climática, fortaleciendo la institucionalidad ambiental y protegiendo las fuentes de agua y los derechos de la naturaleza.
- Garantizar los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo afroperuano y de todas las poblaciones históricamente discriminadas.
- Respetar la autonomía de los organismos electorales y la voluntad popular expresada en las urnas, rechazando toda narrativa de fraude sin sustento que debilite la confianza pública y la democracia.
La defensa de la democracia y los derechos humanos no admite neutralidad frente al autoritarismo ni silencio frente a la impunidad. En el Perú, el fujimorismo representa una expresión concreta de esa amenaza debido a su legado de graves violaciones de derechos humanos, corrupción y debilitamiento institucional. Señalarlo constituye un deber de memoria, coherencia democrática y compromiso con la justicia.
Al mismo tiempo, reafirmamos que toda fuerza política y toda autoridad electa tienen el deber de gobernar con respeto irrestricto a la democracia y a la voluntad ciudadana, actuando con transparencia y sometiendo sus decisiones al permanente escrutinio público.
Mantendremos una vigilancia activa frente a cualquier autoridad o proyecto político que pretenda desconocer estos principios o promueva prácticas contrarias al Estado de derecho y la dignidad humana.
Porque la democracia se defiende, los derechos se garantizan y la impunidad nunca puede ser el destino del Perú.
30/05/2026
