Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destacamos la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara responsable al Estado peruano por la esterilización forzada de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997 en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Este fallo llega después de casi 30 años de búsqueda de justicia por parte de su familia, en particular de sus hijas, y constituye un reconocimiento internacional de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las esterilizaciones forzadas practicadas en el país.
La sentencia establece que la intervención realizada a Celia Ramos Durand no contó con un consentimiento libre e informado y que estos hechos se produjeron en el marco de una política que promovió esterilizaciones masivas dirigidas principalmente contra mujeres pobres, rurales e indígenas.
Esta decisión representa un precedente fundamental para las cientos de mujeres que aún esperan justicia por las esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú.
Asimismo, destacamos las garantías de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Entre ellas se encuentra la aprobación de normas claras sobre el consentimiento informado en salud sexual y reproductiva, la revisión y actualización de los protocolos médicos en hospitales públicos y privados, la creación de mecanismos para recibir denuncias cuando no se respete este derecho y el diseño de una política pública nacional integral en salud sexual y reproductiva.
Este fallo reafirma que la verdad, la justicia y la reparación son derechos que no prescriben, y que el Estado tiene la obligación de garantizar que estos graves hechos no vuelvan a repetirse.
