Cayara, 31 años después
El pasado 14 de mayo se conmemoraron 31 años de la matanza en el distrito de Cayara, provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho. Han pasado más de tres décadas y hasta la fecha la justicia aún no alcanza a los responsables de la matanza, es como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, el sentimiento de impunidad y dolor expresado en un duelo que no cierra, sí que ha avanzado a lo largo de tres décadas para decenas de cayarinos que perdieron a sus familiares en una de las operaciones más letales de las Fuerzas Armadas en los años ochenta.
El recuerdo permanece intacto en la memoria de los sobrevivientes, quienes en los peores años del conflicto armado interno eran apenas unos niños, muchos de ellos perdieron a sus padres. Hoy han emprendido un proceso de cohesión de la comunidad, que tiene como pilar la búsqueda de justicia y una reparación integral que reconozca la necesidad del desarrollo de la comunidad sin olvidar su pasado.
La quebrada de Ccechua convertida en santuario de la memoria fue uno de los escenarios de la matanza, después que dos convoyes del Ejército fueran emboscados en el anexo de Erusco, por una columna de Sendero Luminoso, acción que acabo con la vida de 5 soldados, está emboscada fue el preámbulo para la respuesta denominada “Plan Operativo Persecución”, elaborado y preparado por el entonces jefe político militar de Ayacucho, José Valdivia Dueñas y sus oficiales, siguiendo estas ordenes las patrullas del Ejército ejecutan el plan sobre el distrito de Cayara. El objetivo: castigar a la población.
Bajo un criterio homogenizador, que no diferencio a la población civil de los grupos subversivos, el Ejército intervino la comunidad en la mañana del 14 de mayo, día festivo en honor a la Virgen de Fátima. Algunos miembros de la comunidad participaban en los preparativos, mientras adornaban el anda de la virgen en la iglesia del pueblo, ingresaron violentamente los soldados, tras asesinar a Máximo Asto Palomino en la entrada del pueblo. Tomaron a los cayarinos en la iglesia, después de torturarlos, fueron asesinados. Los soldados de la patrulla al no encontrar a la población en sus casas, siguieron el camino hacia Ccechua, quebrada de cultivo y labores agrícolas, tomando a todo aquel que encontraron en su camino. Luego de reunir alrededor de ochenta personas entre mujeres, hombres y niños, continuo la tortura y la ejecución de una veintena de comuneros asesinados con sus propias herramientas de labor agrícola.
El caso de Cayara cumple con el patrón de las matanzas durante el conflicto armado interno, después de perpetuados los hechos, una operación “limpieza” de las pruebas y testigos, entrampa la labor de la justicia y las investigaciones. Cayara como otros pueblos andinos, vivieron la violencia desde el inicio del conflicto en 1982 una columna senderista asesinó al gobernador de la comunidad Zenón Esquivel Palomino, sobre este hecho Magno Esquivel recuerda:
“Mi padre fue gobernador del distrito, estaba pendiente de lo que ocurría en el pueblo. Existía mucha presión de las Fuerzas Armadas y de Sendero Luminoso hacia las autoridades locales. El 13 de julio de 1982 mi padre sale a cumplir con sus labores de ganadería por la tarde, es ahí que lo sorprenden 20 personas de Sendero Luminoso, lo toman como rehén junto a mi madre, ambos son torturados y conducidos a distintos lugares. Mi padre es llevado a la plaza de Cayara donde realizan un juicio popular.
Dos horas después saquearon y dinamitaron mi hogar, llevaron a mi padre a la iglesia y ahí lo mataron de un tiro en la sien: “que te salve tu San Juan”- así le dijeron”
Para Magno Esquivel los lazos de confianza en la comunidad fueron minados por la violencia y es aún un proceso difícil de reconstruir.
“Cómo nos explicamos que 39 personas fueron asesinadas con sus propias herramientas de trabajo: machetes, picos y lampas. Los testigos fueron desaparecidos o asesinados en los meses siguientes. Estos hechos han marcado la historia de Cayara y de las generaciones que sobrevivieron a la matanza”
El desplazamiento forzado de los cayarinos durante el conflicto armado interno, ocasionó una entendible parálisis social en la comunidad que sumado a las propias limitaciones del Estado que ha postergado el desarrollo de las comunidades andinas, nos muestra un contexto complejo por decirlo menos, donde el desarraigo de los cayarinos, impulsado por los hechos de violencia que aún no han encontrado justicia y reparación, acrecienta un sentimiento legítimo de estancamiento, impunidad e indignación.
Sobre el impacto del desplazamiento forzado, María Luisa Ccayo Apari, con apenas seis años, tuvo que escapar con su familia.
“Había música, alegrías, después todo cambio. Fuimos desplazados forzadamente, llegamos a la costa y no ha sido nada fácil. Tuvimos que venirnos por las rutas de Galeras caminando, llegar a la costa no era fácil, porque no conocías a nadie, nadie te daba la mano, debías dormir en las chacras o en los mercados. Un cambio brutal en Cayara muchos niños huérfanos y abandonados con sus madres sin saber que hacer”
El impacto de la violencia en el tejido social de la comunidad es incalculable, en sus miembros residentes y los que tuvieron que migrar es una constante marcar un antes y un después de la matanza, sin embargo hoy en día hay jóvenes que se organizan y participan en las tareas pendientes de la comunidad: como la búsqueda de justicia y verdad sobre los hechos ocurridos, pues además de los asesinatos, torturas y desapariciones, existió y existe una narrativa que a la vez es usada como estrategia legal para evadir la justicia por parte de las jerarquías militares, quienes explican lo ocurrido en Cayara como la consecuencia de un enfrentamiento entre Sendero Luminoso y el Ejército. Vale señalar que el ejército no tuvo ninguna baja durante los hechos, por el contrario, solo los miembros de la comunidad fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Sobre esto, María Luisa Ccayo Apari, quien además es miembro de la asociación ASFAVITADEC nos comenta:
“Yo sé que el pueblo de Cayara desea que se haga justicia, que se digan las cosas como son. Yo sé que han manchado el nombre de Cayara, porque hablan de un “enfrentamiento» cuando nunca lo hubo. El nombre de Cayara ha sido manchado.
Por lo menos que se vea una reparación digna para los familiares. En mi caso, así me den lo que me den, eso jamás va a llenar el vacío que dejo mi padre, jamás me van a devolver el afecto que me hizo falta un día, ese cariño y amor que nunca voy a tener de nuevo. Yo lo mínimo que espero es que me entreguen los cuerpos de mis seres queridos, de mis hermanos cayarinos, de mi padre, mis tíos, así sea ceniza, lo que sea. Un pedazo de hueso, no importa, nos tienen que decir donde están. Nos tienen que entregar los cuerpos”
El juicio oral de la matanza de Cayara empezó el 26 de enero del 2018, treinta años después de los hechos, con los niños huérfanos convertidos en hombres y mujeres, algunos familiares ya partieron sin encontrar justicia, ni los cuerpos de sus seres queridos. Así como en Accomarca y otras matanzas durante el conflicto armado interno, la impunidad y el espíritu de cuerpo entre las Fuerzas Armadas, postergo décadas de tranquilidad, reparación y reconocimiento a los familiares y a las víctimas. La estrategia antisubversiva de las Fuerzas Armadas violó los derechos humanos de miles de peruanos y peruanas, su impacto es sin duda visible en la vida colectiva de las comunidades y en las historias de vida de los familiares.
El 14 de mayo a 31 años de la matanza, se inauguró el puente de la memoria que une Cayara y Accomarca dos pueblos con una historia en común, marcados por la violencia y el dolor, logran por fin después de mucho tiempo un puente que los une y los acerca, un puente que lleva el nombre de lo que abrazan a pesar del tiempo.
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