COMUNICADO
CNDDHH manifiesta su preocupación por la intervención arbitraria de la Policía Nacional del Perú en la UNMSM y la detención inconstitucional de estudiantes
El 29 de marzo en horas de la noche un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomó el campus universitario en el ejercicio del derecho a la protesta, demandando mejores condiciones laborales y denunciando cobros indebidos que limitan el acceso a la educación. Producto de este conflicto, hoy 31 de marzo, alrededor de las 04:00 de la madrugada la Policía Nacional del Perú, usando bombas lacrimógenas, ingresó al campus universitario y detuvo a 6 estudiantes.
Llama la atención que casi simultáneamente, el jefe de la intervención policial, general Gastón Rodríguez de la Séptima Región Policial, muestre de manera inmediata a la prensa supuestas pruebas halladas en el campus universitario, como bombas molotov y otro tipo de material probatorio. En el supuesto negado que ese material hubiese sido hallado en el campus, no se comprende el porqué este material es manipulado por tantos policías sin el adecuado resguardo de la cadena de custodia. Este es solo un ejemplo de las varias irregularidades presentadas durante la detención de las y los estudiantes.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresamos nuestra solidaridad con las y los estudiantes que fueron detenidos por el hecho de ejercer su derecho a la protesta. Del mismo modo, llamamos la atención pública frente a la campaña de estigmatización de las y los estudiantes de la UNMSM promovida por el propio rectorado de San Marcos en diferentes medios de comunicación, y lo que reviste aún mayor gravedad, la entrada irregular al campus universitario y posterior detención de 6 estudiantes, que ya han sido liberados.
Exigimos al Ministerio del Interior cumpla su función de coordinar con la Policía Nacional del Perú las acciones necesarias de intervención policial, siempre que éstas se den el marco de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú.
Del mismo modo, instamos al Ministerio Público a ejercer su rol de defensor de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, como son los derechos fundamentales a la educación, la libertad y el ejercicio del derecho a la protesta.
Lima, 31 de marzo de 2017
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos