Bogotá.- El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) radicó ayer ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura un amicus curiae en el marco del proceso de definición que realiza este alto tribunal sobre el conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la ordinaria para juzgar al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones del Palacio de Justicia en 1985.

En su amicus, el ICTJ, con base en la legislación y jurisprudencia nacional e internacional manifiesta que la Justicia Penal Militar carece de competencia para adelantar investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluye la desaparición forzada de personas, considerada como una violación múltiple de carácter permanente y continuado.

“Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”, afirma el amicus curiae del ICTJ al citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, el documento reseña la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este mismo sentido y cita el Código Penal Militar que señala en su artículo 3 que “en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada”.

El ICTJ recalcó el deber que tiene el Estado de evitar y combatir la impunidad ya que, como asegura la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.

Sobre el ICTJ: El ICTJ (www.ictj.org) es una organización internacional privada fundada en 2001 en la ciudad de Nueva York, con el fin de apoyar a países que buscan salir de conflictos armados o de regímenes dictatoriales y consolidar la institucionalidad democrática sobre la base del ejercicio de la justicia. El Centro ha desarrollado proyectos en más de 30 países alrededor del mundo, cuenta con 13 sedes, incluida Colombia, y ha realizado alrededor de 500 misiones internacionales. Ha prestado apoyo a procesos penales y comisiones de la verdad; ayudado en la elaboración de programas de reparación y asesorado el diseño de reformas en los sectores de justicia y seguridad.

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