Editorial del diario La República 29/10/2009
Dentro de tres días el Consejo Nacional de Reparaciones quedará paralizado, debido a que hasta el momento el MEF no responde a la solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que se otorgue al Consejo una partida de 800,000 soles, la misma que le permitiría continuar con su importantísimo trabajo en lo que resta del año.
La situación no es nueva, pues ya el año pasado el Consejo quedó sin presupuesto entre agosto y octubre, lapso en el cual sus trabajadores no pudieron cobrar un centavo de sus salarios. Pese a ello continuaron laborando y sus tareas no se paralizaron, pero no se puede pedir actos de heroicidad cada año a un personal que tiene familia que sostener y no puede vivir del aire.
Creado durante el presente gobierno, presidido por la ex comisionada de la CVR Sofía Macher e integrado por un grupo de personalidades –todos ad honórem–, el Consejo tiene a su cargo una labor fundamental: elaborar un censo individual de víctimas del terrorismo, paso imprescindible para el cumplimiento de compensaciones individuales, tal como lo recomendó la CVR en su informe final. Pese a su permanente estrechez de recursos, el Consejo Nacional de Reparaciones ha cumplido ya con la inscripción de 61,216 personas en el Registro Único de Víctimas. Esto significa un gran avance, en especial en Ayacucho y Huancavelica, dos de las regiones más golpeadas, en las que la tarea se encuentra prácticamente lista. Pero quedan para calificación en su archivo otros 28,000 expedientes, cuyas solicitudes no podrían ser evaluadas por falta de presupuesto. Es necesario agregar que, debido a las mezquindades del MEF, el Consejo ha sufrido ya dos reducciones de personal en lo que va del año, quedando limitado a seis personas, cantidad del todo insuficiente para cumplir con calificar esos 28,000 expedientes y los que faltan por ingresar. El Consejo tenía como meta llegar a los 90,000 inscritos en diciembre de este año, pero dicha cifra corre el riesgo de no alcanzarse.
Estas dilaciones y menoscabo de recursos originan suspicacias. No son pocos quienes piensan que lo que hay aquí es una falta de voluntad política que busca que el Consejo Nacional de Reparaciones no pueda concluir su tarea de censar a las víctimas y cerrar el Registro Único, buscando evitar los reclamos que podrían suscitarse. O que suministra los recursos con cuentagotas, a fin de que la tarea culmine en las postrimerías del régimen, dejando esa “papa caliente” al próximo gobierno. Algo lamentable, porque se trata de peruanos en pobreza o extrema pobreza que siguen esperando una justicia que no llega.
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20091029/10/node/228848/total/1634/pagina