La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública ante la grave crisis político-electoral que atraviesa el país.
La situación actual no se origina en la jornada electoral del 12 de abril, sino en un proceso previo de debilitamiento deliberado del sistema electoral. Desde el Congreso de la República se han impulsado reformas que han afectado las condiciones de competencia democrática, como la imposición de la bicameralidad, la eliminación de las elecciones primarias universales y la generación de un sistema electoral fragmentado, con cédulas complejas que han afectado el ejercicio informado del voto. Estas decisiones configuran un proceso progresivo de captura institucional del sistema electoral.
A ello se suma la instrumentalización de deficiencias en la gestión electoral para promover la intromisión política en los organismos electorales. Sectores que no alcanzaron los resultados esperados buscan ahora desconocer la decisión popular y forzar salidas al margen de la ley, recurriendo a interpretaciones arbitrarias como el denominado “criterio de conciencia” para justificar la alteración del orden constitucional. Este escenario representa una grave ruptura del Estado de derecho y sienta un precedente peligroso de actuación por fuera del marco legal.
Frente a esta situación, reafirmamos que el derecho al voto —libre, igual y efectivo— es un derecho fundamental que debe ser respetado en todas sus etapas. Los votos ya emitidos por la ciudadanía en la primera vuelta electoral deben ser garantizados. En ese sentido, rechazamos cualquier intento de anular el proceso electoral o convocar elecciones complementarias. Corresponde cumplir con el calendario electoral y garantizar la realización de la segunda vuelta en la fecha prevista.
Asimismo, rechazamos categóricamente las narrativas de fraude electoral que vienen siendo promovidas sin sustento alguno. Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han señalado con claridad que no existen evidencias que cuestionen la integridad del proceso electoral. La desinformación y la difusión de acusaciones infundadas debilitan la confianza ciudadana y erosionan la democracia.
Expresamos también nuestra profunda preocupación por las constantes amenazas y actos de hostigamiento contra autoridades del sistema electoral. La integridad personal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como la de su familia, ha sido gravemente vulnerada. Estos hechos son inaceptables y deben ser investigados con urgencia. Exigimos a las autoridades competentes adoptar medidas inmediatas de protección y garantizar la seguridad de quienes cumplen funciones esenciales para la democracia.
Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier intento de quebrar el orden constitucional y a defender activamente el respeto al voto y a las instituciones democráticas.
Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
