
Por Juan Carlos Ubilluz (*)
No son pocos quienes arguyen que el proyecto Tía María debería ser suspendido indefinidamente y desde allí la Southern podría comenzar la tarea de convencer a los pobladores de Islay sobre su viabilidad. ¿Cuál es la lógica detrás de este argumento? Muy simple: que el estado se convierta en garante de la voluntad y del bienestar de sus ciudadanos. Pero el estado, por el contrario,no ha suspendido el proyecto y ha declarado el estado de emergencia durante 60 días. De manera que mientras escribo estas líneas, las fuerzas del orden están yendo casa por casa en Cocachacra, arrestando a los dirigentes de la protesta social. ¿Cuál es la lógica detrás de esta acción? Que para garantizar los intereses de una empresa transnacional, el “estado peruano” está dispuesto a darle con palo a sus ciudadanos. No es fortuito –sino por el contrario una verdad poética– que en las protestas en Islay hayamos visto la bandera peruana del lado de los manifestantes.
Hace ya casi tres años, el gobierno declaró el estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca para tratar de sacar adelante el proyecto Conga. En mi artículo “Despierte de su sueño democrático”, sostuve entonces que el“estado peruano” necesita del estado de emergencia para afirmar la ley del capital en contra de la voluntad del pueblo. Y modificando un poco la teorización de Giorgio Agamben, sostuve además que esto era una evidencia de que en el Perú vivimos en un permanente estado de excepción económico. Lo cual quiere decir que la ley será suspendida cada vez que la voluntad popular sea un obstáculo a las grandes inversiones.
Hoy, en el valle de Tambo, se trata de la misma figura, aunque habría que añadir que el estado de emergenciaes solo la parte más dramáticadel estado de excepción económico,pues este implica también, entre muchas otras cosas,la persecución judicial de los líderes de los movimientos sociales y la vigencia de un marco legal que consagra la militarización del orden interno en el enfrentamiento de las protestas. Así, por ejemplo, el reciente envío de las fuerzas armadas a ocho regiones del país aunadas al paro de solidaridad con el valle del Tambo, ha sido posible gracias al decreto legislativo 1095, que autoriza el uso policial de las fuerzas armadas sin la necesidad de declarar estado de emergencia.
Voy a esto: si bien es cierto que el estado de excepción económico en el Perú necesita siempre del estado de emergencia, también lo es que dicha excepcionalidad se ha normalizado y que se halla inscrita en las prácticas gubernamentales y en las mismas leyes de la nación.Entiéndase bien: cuando Ollanta Humala dice que el gobierno defiende el estado derecho, dice en realidad quedefiende el estado de excepción.De manera que el estado de emergencia es en realidad el estado de excepción al cuadrado. Cuando las prácticas y las leyes antidemocráticas no bastan, entonces se declara el estado de emergencia para salvar el estado antidemocrático. O para ser aún más preciso, cuando no basta la dictadura hecha estado de derecho, se declara una supradictadura; y es aquí donde estamos hoy.
Desde esta elaboración podría yo ahondar sobre la ausencia de democracia en el país, pero prefiero más bien voltear la tortilla. Pues si se mira por otro ángulo, aquello que parece monstruoso no puede sino generar entusiasmo.Porque a pesar de todos los dólares que corren por arriba y por debajo de la mesa, a pesar de que la ley está escrita para favorecer al gran capital, a pesar de la fuerza y la voluntad represiva del “estado peruano”, a pesar de la calumniosa parcialidad de los medios de comunicación hacia el proyecto de laSouthernPeru, hasta ahora Tía María no va.Lo cual quiere decir queni el estado de excepción ni el estado de excepciónal cuadrado son invencibles. Es más, podría decirse que son “Tigres de papel”.
Por otra parte, se está dando una marcha macroregional en solidaridad con los agricultores. Es decir,la protesta se expande, se nacionaliza. Y si bien estamos lejos de que cale en el ánimo nacional una frase como “Todos somos el valle de Tambo”, crece la vaga sensación de que lo que ocurre en este lugar nos concierne a todos. La protesta adquiere así visos de universalidad. Por último, hoy se escuchanmucho más que antes valores y conceptosecologistas. Incluso los pro-mineros más recalcitrantes se ven obligados a mencionarlos, aunque sea para mentir. Nada de esto sugiere que haya una sólida conciencia ambiental en el Perú, pero sí que se ha formando un difuso y fragmentario inconsciente ecologista.
Así, en medio del estado de excepción, algo está pasando. Lentamente, pero está pasando. Efecto de las múltiples protestas medioambientalistas, se ha producidoun agujero en las redes de sentido neoliberal. O más precisamente, el agujero, que siempre estuvo allí, se ensancha y se hace patente revuelto con ciertos términos medioambientalistas. Por eso mismo, este es el momento de dar forma al agujero, de engarzarlo mejor con los nuevos sentidos, de forjar una nueva visión del país. No basta con denunciar el autoritarismo estatal. Ni lamentarse con los muertos y heridos. No basta con trasmitir el dolor de las víctimas. Hace falta también, y principalmente, consolidarla emergencia de un nuevo horizonte de sentido.
En este sentido, es valioso que además de denunciar los atropellos a los derechos humanos en Tía María, Rocío Silva escriba sobre el “extractivismo compulsivo” y la “zonificación ecológica económica”. Pues hace falta deslizar los términos que ayudarán a la ciudadanía inconforme a imaginar un más allá del neoliberalismo, a conectar su malestar con el entusiasmo y, por qué no, con el optimismo. Sí, este es el momento de ayudar a que lo que está pasando no pase de manera inadvertida. Este el momento de urdir un nuevo lenguaje para que lo que está pasando no sea el paso de un ángel. Es el momento dehacer que algo de lo que está pasando, quede.
(*) Juan Carlos Ubilluz es doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Austin y actualmente profesor de la PUCP.
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