A DOS AÑOS DEL BICENTENARIO
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA, CADA VEZ MÁS LEJANOS

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que agrupa a nivel nacional a 78 organismos que promueven los derechos fundamentales de la persona, señala lo siguiente:

Las crisis políticas y de derechos humanos en el Perú obedecen a la implementación de un proyecto político e ideológico conservador y autoritario que ha ido desestabilizando la institucionalidad democrática, violando derechos humanos y revirtiendo las conquistas sociales y ciudadanas en el reconocimiento de derechos, especialmente de las poblacionales a las que se quiere subordinar por su etnia y su cultura, su sexo o identidad de género, su clase social o edad.

La actuación orquestada del Congreso de la República y del Ejecutivo están deteriorando la institucionalidad democrática con:

  • Una sentencia del Tribunal Constitucional que impide al Poder Judicial controlar los excesos del Congreso, altera el equilibrio de poderes y lo coloca por encima de los demás poderes del Estado y de la Constitución.
  • Una mayoría congresal decidida a controlar el Sistema Electoral y acusar constitucionalmente a sus miembros.
  • El nombramiento de un Defensor del Pueblo a través de un procedimiento ajeno a la meritocracia, la transparencia y la participación ciudadana.
  • La intromisión del Congreso en las funciones de una ex fiscal de la Nación, limitando el desempeño autónomo de la función jurisdiccional.
  • Un papel de la Fiscal de la Nación que, a la hora de investigar las posibles ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables, expresa parcialidad política.
  • Una Fiscalía que se ha volcado a la persecución y encausamiento de las y los ciudadanos que protestan, en particular de las y los líderes de las organizaciones sociales, a través de supuestas denuncias “preventivas”.
  • La anulación del derecho ciudadano al referéndum.
  • El reestablecimiento de la bicameralidad para hacer del Senado una cámara de notables con reelección congresal.
  • Una intolerancia a la pluralidad e impunidad frente a los grupos neofascistas, que agreden a periodistas y activistas de derechos humanos, con la anuencia del gobierno y otros grupos políticos de derecha.
  • Abierto incumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por organismos internacionales de derechos humanos consultivos ante la OEA.
  • Propuestas de leyes para modificar la ley forestal y favorecer la desforestación de territorios habitados por Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento o en situación de contacto Inicial; así como la aprobación de leyes que autorizan a los Comités de Autodefensa de Desarrollo Rural (CAD) a adquirir armas del Estado o particulares. Sin olvidar, la propuesta que limita el mecanismo de colaboración eficaz para luchar contra las redes de corrupción.

Por todo lo señalado, demandamos:

  • Autonomía e independencia de todos los poderes del Estado, en particular del sistema electoral y la administración de justicia.
  • Cese de la estigmatización y criminalización de la protesta social.
  • Respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres y niñas en su diversidad y de la igualdad de género.
  • Aprobación e implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos para reducir la vulnerabilidad frente a la amenaza del fenómeno del Niño.
  • Vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
  • Condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta social y la escucha de los distintos reclamos de la población.
  • Investigación y juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos y las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas en las recientes protestas.

Finalmente, reiteramos que urge la necesidad de una convocatoria inmediata a elecciones generales por un Perú, donde la justicia haga la paz.

¡ADELANTO DE ELECCIONES GENERALES YA!