El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene:
“La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. “Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Estos párrafos siguen vigentes y nos señalan un camino aspiracional. Para muchas peruanas y peruanos son un reclamo, más allá de gobiernos de turno, empeñados en la regresividad de derechos y no en su vigencia y progresividad.
La ciudadanía exige vivir en un país seguro, sin miedo a sufrir por hambre o por la delincuencia, con un sistema de justicia que proteja el derecho a la vida, al que se pueda recurrir sin amenazas ni arbitrariedades, y con una representación parlamentaria legítima que legisle para las grandes mayorías y no para sus intereses particulares, con verdadera vocación de servicio y no para servirse.
Queremos un desarrollo integral e inclusivo que, desde la diversidad de los pueblos y en armonía con la naturaleza, permita que nadie se quede atrás y que las riquezas que producimos beneficien a todas y todos.
Es imprescindible que el país cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y que los mandatos de estas instancias se respeten, así no sean del agrado de los gobernantes de turno.
Promover leyes como la pena de muerte es un acto inaceptable que traiciona los principios de humanidad y justicia.
Necesitamos un funcionariado que actúe con respeto y dignidad hacia las víctimas, desterrando discursos que deshumanicen y perpetúen la violencia institucional, y que cesen las violencias contra las mujeres y las niñas. Es urgente garantizar su protección frente a la violación sexual, especialmente en el caso de las niñas indígenas, quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema debido a la negligencia estatal, la discriminación estructural y las barreras para acceder a la justicia.
Las calles se han convertido en escenarios constantes donde la ciudadanía expresa su malestar, como sucedió hace dos años, con un saldo trágico de 50 personas asesinadas, cuyas familias aún esperan justicia, verdad y reparación.
Para hacer posibles estos cambios, es fundamental garantizar un espacio cívico habilitante que permita a la población exigir sus derechos y se restablezca la confianza ciudadana en sus instituciones.
En el marco de la conmemoración de los derechos humanos, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la democracia y por todos los derechos para todas las personas. 15 de diciembre 2024.
15 diciembre 2024
