Lamentablemente, el Poder Ejecutivo ha observado la Ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Mediante Oficio Nº 121-2015-PR, de fecha 20 de febrero de 2015, dirigido a Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República, el presidente Ollanta Humala y la presidenta del Consejo de Ministros observan la ley sosteniendo de manera textual que:
- «Del análisis de la Autógrafa se desprende que la aplicación de la misma generará gasto público, por lo que es preciso señalar que cada pliego es responsable de su programación y formulación presupuestaria, en donde determina las actividades y proyectos que se ejecutarán en determinado año fiscal y que es considerado en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal, aprobada por el Congreso de la República.
- En tal sentido, los recursos que demandaría la implementación de la Autógrafa no se han considerado en la Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, afectándose así el principio de Equilibrio Presupuestario reconocido en el artículo 78° de la Constitución Política del Perú y en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual dispone que está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento corrrespondiente.
- Finalmente, cabe señalar que conforme al artículo 79° de la Constitución Política del Perú, los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo referido a su presupuesto»
