Está muy bien que sea así, pues la manera como los políticos financian sus actividades personales y partidarias es un asunto de la mayor trascendencia en muchas decisiones que finalmente tienen una implicancia en la vida del ciudadano común y corriente.
Para empezar, a través del uso correcto de los recursos públicos. Lo que se ha descubierto en el Congreso es que, desde hace mucho tiempo –no solo en el actual–, el ‘gasto operativo’ es una trampa para sacarle la vuelta al sistema y poder pagar sueldos más altos de lo que permite la ley. Además, este dinerillo adicional no tributa, lo cual lo convierte en un monto mucho mayor.
Si esto se descubre en el Congreso es porque ahí es más sencillo identificar las trafas, pero es obvio que debe estar sucediendo en todos los niveles de la administración pública. Mejor sería, por ello, sincerar los sueldos y pagar lo correcto sin tener que estar convirtiendo la política salarial del gobierno en una cuchipanda.
La preocupación por las finanzas de los políticos también involucra el seguimiento que se debe hacer para identificar casos de enriquecimiento indebido de las personas que ejercen un cargo público, pues ello puede explicar decisiones incorrectas que solo se justifican porque alguien le puso, de manera irregular, un dinero en el bolsillo al que debía decidir a favor del interés público, pero al final lo hace en su contra.
Pero, como también ha sido preocupación de la opinión pública en estos días, no solo hay que vigilar a quienes ya están en el poder sino, también, a los que aspiran a llegar a él, como Ollanta Humala –quien aún no ha explicado bien la manera como financia sus gastos personales– y casi todos los partidos políticos. Aunque no reciban dinero del Tesoro, el lugar de donde obtienen su dinero los políticos es algo fundamental para entender cómo funciona el sistema.