La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación ante la nueva declaratoria de estado de emergencia dictada por el Gobierno como respuesta al incremento de la criminalidad y la inseguridad en el país. Esta medida excepcional, convertida en práctica habitual, debilita el Estado de Derecho, restringe derechos y libertades fundamentales, y desplaza las soluciones civiles e institucionales que una democracia debe fortalecer.
Rechazamos la militarización de la seguridad ciudadana, que ha demostrado ser ineficaz para enfrentar las causas estructurales del delito, mientras incrementa los riesgos de abuso, corrupción e impunidad. La seguridad no puede sostenerse sobre la excepción permanente, sino sobre instituciones sólidas, transparentes y respetuosas de los derechos humanos.
Esta nueva declaratoria parece responder al intento de contener las manifestaciones anunciadas en homenaje a Mauricio Ruiz, joven cantante asesinado en el contexto de la marcha del 15 de octubre, lo que representa un uso arbitrario y político de una figura constitucional. El estado de emergencia no puede ser un instrumento para reprimir ni callar la protesta ciudadana contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
Exigimos al Gobierno adoptar un enfoque integral, preventivo y democrático de la seguridad ciudadana, que combine políticas sociales, de justicia y de inclusión con una respuesta efectiva frente al crimen organizado. Una verdadera política de seguridad pasa también por derogar las normas que hoy amparan la informalidad, la corrupción y la impunidad, y por fortalecer las instituciones civiles que deben garantizar la justicia y la paz.
Lima, 22 de octubre de 2025
