Carmela Chávez Irigoyen
El 9 de septiembre se llevó a cabo el primer simposio de apoyo a las víctimas del terrorismo auspiciado por el Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki Moon. El evento reunió a 10 expertos internacionales, así como a 17 víctimas de secuestro y atentados terroristas, que demandaron el compromiso de los estados y la comunidad internacional. Entre las víctimas se hallaba Ingrid Betancourt, recientemente liberada después de seis años de cautiverio en poder de las FARC.
Para Ban Ki Moon el simposio tenía tres objetivos: dar rostro a las víctimas; permitir el diálogo entre sociedad civil, gobiernos y víctimas; y generar un diálogo entre expertos y víctimas para identificar necesidades. La reunión, que duró casi cuatro horas, constituye un hito que consolida el surgimiento de la víctima como sujeto de derecho internacional en el seno de Naciones Unidas, con lo que se busca instar a los estados y la comunidad internacional a atender a las víctimas en su situación de vulnerabilidad y las secuelas que los actos de violencia dejaron en sus vidas.
Se puso énfasis en la necesidad de asistir a las víctimas en la integridad de los daños sufridos, tanto para su reparación física y mental como para su rehabilitación social, compensando las pérdidas en los campos de la educación, el trabajo, la seguridad social, etc. Además se subrayó la idea de que cada gobierno es responsable de proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo y de compensar a las víctimas.
El Presidente de la Asamblea General, Srgjan Kerim, quien deja su cargo la próxima semana, dijo que los compromisos de la comunidad internacional debían ir en dirección a condenar cualquier acto de terrorismo, mas allá de sus motivaciones, señalando en todo momento que se trata de actos criminales. Así mismo, instó a implementar estrategias globales que tengan como centro de atención a las víctimas y a compartir experiencias nacionales de atención a ellas. También hizo un llamado a combinar las fuerzas de Naciones Unidas para atender las demandas individuales de reparación y atención a los más afectados por la violencia. En este sentido, Ingrid Betancourt propuso la creación de un sistema de información que sistematice los datos de las víctimas a nivel global, a cargo de Naciones Unidas, y los acredite, facilitando a los estados la identificación de las mismas para su reparación.
Al final del simposio, el Secretario General se comprometió a impulsar el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, escuchar sus demandas y necesidades a nivel global y promover sus derechos. Así también los estados se comprometieron a consolidar los sistemas de asistencia a las víctimas y sus familias, facilitar la normalización de sus vidas, promover la solidaridad internacional y la protección de sus derechos.
Esta tendencia ha sido ya marcada por las resoluciones 60-147 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2006 (A/RES/60/147) sobre “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, la Resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (y el informe sobre el derecho a la verdad E/CN.4/2006/91 del 9 de enero de 2006), así como el informe elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada en cumplimiento de la resolución 48/104 de la Asamblea General sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres (con un acápite específico sobre esta problemática en sociedades post conflicto).
La comunidad internacional, cuya máxima expresión es justamente la Organización de Naciones Unidas reconoce a la víctima como eje central de sus preocupaciones, y más cuando se trata de víctima de terrorismo. Aunque aún hay dificultades para una definición del terrorismo de estado, sí podemos identificar avances jurídicos que reconocen la obligación de los estados para con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Lástima que los caminos nacionales, aún en un proceso de globalización comercial y política, sean aún insuficientes en este campo, político, jurídico y ético a la vez; pues en el Perú, con 70 mil muertos y desaparecidos (sin contar a las víctimas de otros terribles crímenes como tortura o violencia sexual) aún se está cuestionando el derecho de cada víctima a ser reparada en su integralidad e individualidad, y no falta quien siga justificando, de manera tácita o explícita, el asesinato de niños y la violación de mujeres como medidas de seguridad nacional. ¿Qué necesitaremos para reconocernos como poseedores de vidas de igual valor? Seguro que los victimarios y sus cómplices están muy seguros del valor de las suyas.