Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionamos la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación, llevada a cabo en un proceso marcado por irregularidades que comprometen su validez constitucional y afectan gravemente la institucionalidad del Ministerio Público.
La designación se produjo con la participación de Patricia Benavides como miembro de la Junta de Fiscales Supremos, pese a estar suspendida por el Colegio de Abogados, lo que constituye un vicio sustancial que compromete la legitimidad del proceso. Esta elección se realizó además tras la ilegal destitución de la ex Fiscal de la Nación Delia Espinoza por la misma instancia que llevó adelante la elección, lo que evidencia decisiones arbitrarias que afectan la independencia del Ministerio Público.
A estas irregularidades se suma que Tomás Gálvez no cumple con el perfil exigido por la Ley de Carrera Fiscal, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la idoneidad del nombramiento.
Advertimos oportunamente estos riesgos mediante una comunicación formal a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, alertando que cualquier decisión adoptada bajo estas condiciones presentaría serios vicios de legitimidad.
Estos hechos reflejan un patrón de copamiento institucional que vulnera el orden constitucional y debilita los principios fundamentales del Estado de Derecho, generando preocupación por la independencia, autonomía y legitimidad de la Fiscalía de la Nación.
Lima 24 de marzo de 2026
