Ellas marchan contra el olvido

Por Nelly Luna

Cuando le ligaron las trompas el 24 de setiembre de 1997, Ligia Ríos estaba embarazada, pero no lo sabía. Tenía 30 años, dos hijos. Trabajaba. Vivía en El Agustino. Personal médico del entonces IPSS llegó a su casa y le sugirió una «pequeña cirugía» para que no tuviera más hijos. Ella accedió. Esos mismos médicos no descartaron su embarazo y así la operaron. Un par de semanas después eliminó un coágulo. Había abortado, le dijeron en el hospital Hipólito Unanue.

Entre 1996 y el 2003, el Ministerio Público recogió 1.005 casos de mujeres y hombres a los que se les había ligado las trompas o hecho la vasectomía vulnerando algunos de sus más elementales derechos. Se tiene información de que 10 mujeres habrían muerto como consecuencia de esta operación. En los testimonios –muchos de los cuales fueron corroborados por el mismo personal médico– las mujeres dijeron que las amenazaron, que las engañaron (les dijeron que el método era reversible), que les prometieron alimentos o que simplemente nunca les consultaron. Muchas, incluso, firmaron la autorización después de la intervención.

En el caso de Ligia Ríos se trataría de irresponsabilidad del médico. El informe de Germán Málaga Rodríguez, médico asesor de la Defensoría del Pueblo, concluyó: «Fue esterilizada a 30 días de su última menstruación sin que se descartara la posibilidad de que estuviera embarazada, a pesar de que la paciente no usaba métodos anticonceptivos y era sexualmente activa».

Durante el segundo gobierno del hoy procesado Alberto Fujimori se promocionó indiscriminadamente la esterilización en poblaciones indígenas o de extrema pobreza. La llamaron Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). En las ferias y campañas que se realizaban para difundirlo no se ofrecía ningún otro método alternativo. Como si se tratara de vacunas preventivas, los centros de salud imponían metas a su personal para captar un número mínimo mensual de personas. «…(a las enfermeras) las empezaron a amenazar, que si no traían mamás para las ligaduras corrían peligro de ser despedidas», confesó una enfermera de Pomata (Puno).

A pesar de estos indicios –y luego de cinco años de iniciada la investigación– el Ministerio Público aún no concluye la investigación ni formula denuncia penal contra los responsables.

LOS RESPONSABLES
En las alturas cusqueñas de la comunidad campesina de Huachacocha, en Anta, las mujeres dejaron de jugar fútbol en el verano de 1997. «Tenían vergüenza, decían que les habían operado, que tenían que descansar». La congresista Hilaria Supa era entonces dirigente de la federación campesina de mujeres. «Si una mujer no puede tener hijos es mal vista en las comunidades», dice.

En aquellos años, Hilaria Supa, con el apoyo de varias ONG y la Defensoría del Pueblo, recogió muchas denuncias, las mismas que en el 2003 fueron recogidas en la investigación fiscal, a cargo de Rocío Rojas, quien interrogó a víctimas y supuestos responsables en Cusco, Piura y Cajamarca. Estas declaraciones forman parte de los 40 tomos del expediente en curso. Pero la fiscal Rojas salió del Ministerio Público en enero del 2007. Desde entonces, casi nada se ha avanzado.

La investigación está actualmente en manos del fiscal de Derechos Humanos, Jaime Schwartz. Se supo que su despacho ha formado un equipo de dos técnicos «para definir si el caso amerita o no la formulación de una denuncia penal» y que «no realizará más diligencias porque con la información que hay ya se puede tener una clara visión de los hechos», dijo la fuente.

El fiscal estaría evaluando incluso tratar estos casos como violaciones a los derechos humanos. Al respecto, María Esther Mogollón, integrante en su momento de MAM Fundacional, dice: «Estos casos fueron una clara violación a los derechos humanos. Lo que queremos es que de una vez el fiscal concluya con el tema. Así podríamos saber qué hacer».

La abogada hace referencia al caso de Mamérita Mestanza, la mujer que falleció como consecuencia de una ligadura de trompas. En su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Gobierno Peruano a investigar el tema, hallar responsables y pagar una reparación civil. «Con este antecedente, las otras denuncias también podrían encontrar eco en la CIDH», dice Mogollón.

Las responsabilidades irían más allá de los profesionales que las amenazaron o engañaron. Durante la gestión de Luis Solari en el Ministerio de Salud, en el 2001 se formó una comisión para evaluar los casos (tuvo que esperarse la salida de Fujimori para dar paso a la investigación).

La comisión entrevistó a los ex ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista y médico personal de Fujimori, que tuvo en sus manos la cartera de Salud desde 1999 hasta noviembre del 2000, cuando cayó el régimen). Todos negaron alguna responsabilidad.

Sin embargo, en el expediente de la fiscalía se encuentran los testimonios de algunos directores regionales que confesaron que en dos oportunidades se reunieron con Fujimori y sus ministros de Salud para exponerles los logros de las campañas a favor de la ligadura de trompas. En estas reuniones se sorteaban electrodomésticos y otros premios.

El informe del Ministerio e Salud concluyó también que en algunas regiones se presionó a los profesionales de la salud para el cumplimiento obligatorio de las metas de operaciones trazadas. «Si no se cumplían las metas, salía como déficit en la evaluación del personal», confesó un médico a la comisión. Estos testimonios están siendo analizados por el equipo técnico del fiscal. El dictamen deberá estar listo en no más de 4 meses.

AL GRANO

«Estos delitos son imprescriptibles»*
¿Por qué cree que luego de tantos años aún no se formula la denuncia penal contra los responsables de las esterilizaciones forzadas?
En su momento se demoró por la complejidad del caso y el número de entrevistas y viajes que teníamos que hacer a diferentes zonas del país. Todo el día trabajábamos y viajábamos de noche. Fue un trabajo bien duro. Pero yo salí en enero del 2007, después no sé qué ha pasado.

¿Hasta ese momento usted encontró indicios de irregularidades?
Sí. Para empezar, las declaraciones de las agraviadas eran bastante contundentes. Además, el mismo personal médico entrevistado confirmaba las versiones de las agraviadas. Las madres habían sido coaccionadas para operarse. Les decían que el Gobierno las iba a multar, que no iban a recibir alimentos, que si tenían más de dos hijos iban a llevar presos a sus maridos. Se mencionó que hacían eso porque de lo contrario no iban a ser contratados.

Cuando usted investigó, ¿qué figura de delitos había?
Encajaban dentro de los delitos de lesa humanidad.

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron entre 1996 y 1997. ¿Podrían haber prescrito algunos de los delitos?
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Si bien los delitos se juzgan de acuerdo con el Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, eso puede variar. Nuestro Código Penal en ese momento no contemplaba los delitos por violación de derechos humanos, pero por legislación internacional que el Perú ha suscrito, estos delitos se podría acoger a los de lesa humanidad y no prescribir.

¿Se podrá determinar a los responsables de cada uno de los casos? ¿Desde el médico que participó hasta los profesionales que ‘captaron’ a las madres?
La responsabilidad es muy grande. El caso es muy complejo. La responsabilidad tendrá que ser para cada uno de las afectadas.

Si el proceso se archiva en el Perú, ¿el caso podría ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Sí, ya hay un antecedente con el caso de Mamérita Mestanza (la mujer que murió luego de que le ligasen las trompas). En ese acuerdo el Perú se comprometió a investigar este y otros casos.
* ROCÍO ROJAS. EX FISCAL DEL CASO

Fuente: El Comercio