La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su profunda preocupación frente a las recientes declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi sobre la actuación de juezas y jueces que están a cargo de la investigación y juzgamiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el caso de la masacre de Cayara, ocurrida durante el conflicto armado interno.
La independencia judicial sustenta el Estado de derecho y protege el acceso a la justicia y la democracia. Las declaraciones del congresista Rospigliosi, que desacreditan a jueces y sugieren sanciones penales por sus decisiones, vulneran este principio básico y configuran una injerencia indebida e intimidatoria en la función jurisdiccional.
Este tipo de expresiones debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia y generan un clima de amedrentamiento institucional, particularmente grave en procesos vinculados a violaciones de derechos humanos.
El Estado peruano tiene la obligación de asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas y juzgadas conforme a la ley. Las decisiones judiciales no pueden ser resultado de amenazas, intimidación o estigmatización pública contra quienes administran justicia.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Lima, 14 de enero de 2026
