Mirko Lauer
El presidente colombiano Álvaro Uribe acaba de llamar a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina, «cómplice y defensor» de las FARC. El gesto de alguna manera lo pone a la altura de su colega y rival Hugo Chávez, quien expulsó a Vivanco de Venezuela en setiembre pasado, con argumentos distintos, pero en el fondo iguales.
Que Chávez deteste a una ONG que opera desde Nueva York (y 10 capitales del mundo, incluida Washington D.C.) no puede sorprender a nadie. Pero el exabrupto de Uribe, por convicción y necesidad acaso el presidente más pro-EEUU de América Latina, muestra que algo está pasando con la defensa de los derechos humanos en la región.
Lo menos que puede decirse es que se han vuelto incómodos para muchos gobiernos democráticos. No era el caso cuando los partidos del continente luchaban por derrocar dictaduras. Pero pocos demócratas latinoamericanos una vez en el poder ven con buenos ojos cualquier supervisión de su respeto por los derechos humanos.
La cosa empeora cuando la defensa es también de los derechos humanos de los subversivos (Colombia) o los opositores (Bolivia, Venezuela). En esos casos los gobiernos optan por el relativismo, y prefieren cerrar los ojos ante los derechos humanos de sus enemigos militares o políticos, como en cualquier esquema totalitario.
Una idea que no se dice pero que viene implícita es que suspender la defensa de los derechos humanos es un atajo conveniente hacia soluciones expeditivas. La experiencia muestra que no es así. Las atrocidades de Abu Graib o Guantánamo no han ayudado a ganar la segunda guerra de Irak, muy al contrario.
Más cerca de casa, la olímpica indiferencia por los derechos humanos ha sido un factor clave en el debilitamiento de unas FARC dedicadas al secuestro. Asimismo las atrocidades de Sendero Luminoso le negaron apoyo popular clave en momentos y lugares decisivos para su proyecto. En más de un sentido SL fue derrotado también por los derechos humanos.
El comentario de Uribe coincide con el 25 aniversario de Aprodeh en el Perú. La asociación llega a este aniversario bajo el sostenido ataque de los fujimontesinistas reciclados por el sistema democrático, y soportando la inocultable ojeriza de buena parte del gobierno vigente, y de virtualmente toda la derecha.
Aprodeh y las demás organizaciones pro-derechos humanos merecen todo nuestro respeto, y nuestro interés. Porque no hay problema nacional que no se traduzca automáticamente en un déficit de derechos humanos para algún grupo de peruanos. Sus voluntarios son luchadores contra la pobreza espiritual del país, y merecen todos los homenajes y respetos.
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