La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa a la opinión pública su profunda solidaridad con la familia de Ángel Escobar Jurado, al cumplirse 19 años de su desaparición  forzada. Por ello, en honor al trabajo de  Ángel Escobar en la defensa y promoción de los derechos humanos, la CNDDHH otorga cada año el Premio Nacional de Derechos Humanos que honrosamente lleva su nombre, para mantener viva en la memoria de todos los peruanos su trayectoria y compromiso de defensa de los derechos humanos.

El 27 de febrero de 1990, Ángel Escobar se retiraba de la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica (CODEH), cuando fue interceptado por cuatro sujetos armados y encapuchados. El señor Rufino Castellanos, testigo de la detención, escuchó a Ángel Escobar gritar, pidiendo ayuda: «¡Me están llevando!»

Cuando la señora  Felícita Quispe Cancha, esposa de Ángel Escobar, acudió a la Comisaría, no le dieron razón de la detención ni del paradero de su esposo. Ante estos hechos, la señora Felícita presentó una denuncia ante el juez instructor, el fiscal, la prefectura y el jefe político militar de Huancavelica. El resultado fue nulo. Los recursos de hábeas corpus presentados al Juez y al Tribunal fueron desestimados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  recibió su caso el 1º de marzo de 1990.  En 1997, la CIDH corroboró que los hechos denunciados por la familia de Ángel Escobar eran ciertos. En el 2001, el Estado peruano se comprometió ante la CIDH a reabrir la investigación por la desaparición forzada de Ángel Escobar. 

Actualmente, el caso de Angel Escobar se encuentra en investigación en la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica (Investigación Nº 2002-94). Sin embargo, desde esa fecha, el Ministerio Público no ha podido formalizar denuncia penal, entre otras causas, porque  el Ministerio de Defensa se ha negado en reiteradas oportunidades a entregar la relación del personal militar y policial adscrito al Comando Político Militar de Huancavelica, entre los meses de febrero y marzo de 1990.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos insta a las autoridades políticas y judiciales competentes a reparar casi 20 años de injusticia intensificando las investigaciones sobre este caso hasta identificar a los responsables y procesarlos de acuerdo a ley. Especialmente exigimos al Ministerio de Defensa colaborar con la fiscalía, entregando sin tardanza ni cortapisa la información requerida.

Ángel Escobar Jurado vivirá siempre en la memoria de los que se identifican y defienden los derechos humanos, la libertad, la democracia y la paz.