Por Carlos Basombrío
(publicado en Perú 21 23/02/2010)

En medio de un mar de noticias sobre la podredumbre que corroe tantas instituciones del Estado, es sumamente positivo enterarse de cómo, en un caso de altísima importancia, el Ministerio Público busca reivindicarse y hacer las cosas bien.

Como se recordará, Ricardo Uceda, en la revista Poder, denunció la existencia de un escuadrón de la muerte policial en Trujillo para el exterminio de supuestos delincuentes; protegidos y aparentemente alentados desde muy arriba en la PNP y el sector Interior. Un hecho de barbarie que hay que extirpar de raíz, no solo porque es ilegal sino que porque, de repetirse, lo único que causaría (como en otros lugares en donde erróneamente creyeron que para acabar con la inseguridad había que regresar a las cavernas) es el escalamiento de la violencia con más muertos de todos los lados: posibles delincuentes, sí, por supuesto, pero también policías y gente común y corriente. (Los delincuentes no dejan de serlo y deciden responder con la misma lógica y disparar primero).

El argumento de los involucrados para negar los hechos era que, en la mayoría de los casos, los fiscales habían archivado los procesos. Ahora la cosa se les complica. La Fiscalía Suprema de Control Interno investigó a los investigadores y concluyó que todo había sido hecho sospechosamente mal en 16 casos en los que se denunció a miembros de la PNP por ejecuciones extrajudiciales.

Ha concluido que las investigaciones realizadas por los fiscales presentaron muy deficiente argumentación como para haber generado un archivamiento o sobreseimiento de los casos. En muchas ocasiones, los fiscales no realizaron las diligencias, pericias y demás medios previstos por la ley para una diligente investigación, por lo que no podían haber llegado a conclusión alguna sobre las causas de las muertes, y para sus decisiones consideraron únicamente las versiones dadas por los policías denunciados, haciendo caso omiso a abundante evidencia contraria que indicaba la poca probabilidad de que las personas hubieran fallecido como fruto de enfrentamientos: muestras de maltrato, de haber sido enmarrocadas, testigos que los vieron ser detenidas, trayectoria de disparos poco comunes o que indican corta distancia, etcétera.

Ante esta evidencia, la Oficina de Control Interno recomienda la reactivación de los casos a cargo de la fiscalía contra el crimen organizado de competencia nacional y abrir proceso disciplinario al fiscal superior titular de Trujillo.

Por cierto, ¿a cargo de quién está la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, que hizo este trabajo tan importante para el país? Pues, de Avelino Guillén. Una razón más para que sea incómodo al poder y que ayuda a explicar por qué no lo quieren como fiscal supremo.

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