En el contexto de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal ha programado una audiencia para el 30 de septiembre de 2024. En dicha sesión se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses para 24 personas involucradas en los operativos policiales que resultaron en la muerte de 20 manifestantes en la región de Puno.
Entre los investigados, para quienes se solicita la medida restrictiva, se encuentran altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados por omisión:
- David Pablo Villanueva Yana, general PNP y jefe de la X Macro Región Policial de Puno.
- Julio Santos Mauricio Contreras, coronel PNP y jefe de la Región Policial de Puno.
- Alberto Miguel Rojas Méndez, coronel PNP y jefe de la División Policial de Juliaca.
- Fredy Arellano Mendoza, comandante PNP y comisario de Macusani.
Además de los oficiales mencionados, se ha solicitado la misma medida para otros 20 implicados, entre policías y civiles, quienes también están siendo investigados como presuntos autores directos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en relación con las acciones represivas llevadas a cabo durante las protestas.
La audiencia se realizará de manera presencial a las 8:30 a.m. en la sede judicial ubicada en la Av. Tacna N.° 734, Cercado de Lima. Este proceso es un paso crucial en las investigaciones que buscan esclarecer los hechos violentos ocurridos durante las manifestaciones sociales a nivel nacional, en las cuales 50 personas fueron asesinadas.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), reiteramos la importancia de este proceso judicial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares.
