Los proyectos de amnistía e indulto a militares implicados en violaciones a los derechos humanos fueron rechazados por líderes evangélicos, quienes afirmaron que iniciativas de
ese tipo no hacen más que confundir a la ciudadanía y ponen obstáculos al proceso de reconciliación en el país.
Víctor Arroyo, director ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú, manifestó
su preocupación por la insistencia de ciertos sectores políticos en medidas de este tipo que vulneran derechos fundamentales de ciudadanos que ya han sido afectados por el conflicto armado interno.
«No es posible que se pretenda desconocer el derecho a la verdad y a la justicia de compatriotas que luego de la tragedia vivida, y habiendo sufrido la pérdida de sus seres queridos, demandan una respuesta adecuada del Estado y la sociedad civil. La impunidad que se pretende es una agresión más contra estas personas, y descubre la incoherencia existente entre un discurso que pone énfasis en la modernidad, y una práctica que recurre a evasivas para dotarla de principios válidos para todos los ciudadanos», remarcó Arroyo.
La comunidad evangélica peruana en las últimas décadas ha experimentado un notable crecimiento en su membresía, y es el Concilio Nacional Evangélico del Perú su institución más representativa. Según Víctor Arroyo, alrededor de mil pastores y líderes evangélicos fueron asesinados y desaparecidos durante el tiempo de la violencia política, y es en memoria de ellos y de todas las víctimas del terror que su institución rechaza propuestas de impunidad, que son carentes de ética y desnaturalizan el sentido real de la reconciliación.
Para el director nacional de la Asociación Paz y Esperanza, Alfonso Wieland, hay un ánimo de enmarañar las cosas a través de estas propuestas, en un contexto además en el que se tiene
información de hechos preocupantes de violación a los derechos humanos que no han sido investigados con responsabilidad.
Agregó Wieland, que «si autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República tienen preocupación real por la demora de los procesos judiciales en los que están involucrados militares, deberían promover medidas para colaborar con el Poder Judicial, y una seña en ese sentido sería dotarle de los recursos necesarios para cumplir eficientemente su rol constitucional».
Recordó, asimismo, que en casos como Putis son las autoridades del Ministerio de Defensa y de los institutos armados quienes se han negado a cooperar con las investigaciones, lo que debería ser investigado por el Congreso de la República.
Los representantes de la Asociación Paz y Esperanza y el Concilio Nacional Evangélico del Perú, expresaron su solidaridad con los militares afectados durante el combate contra el narcotráfico y los remanentes del terrorismo, y demandaron que desde el Estado se les brinde
la atención que merecen, evitando el aprovechamiento de sus desgracias para justificar la
impunidad, lo que a la larga perjudica a las personas y al país en general.
Área de Incidencia y Comunicaciones
Paz y Esperanza