ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO
Las organizaciones indígenas y la sociedad civil manifestamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promovida por el Congreso, que promovería la deforestación en la Amazonía peruana, recogida en la autógrafa con los Proyectos de Ley Nº 649, Nº 894 y Nº 2315/2021-CR denominada “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal”. Esta modificación de la ley forestal agudizará la disputa[1] por tierras y la violencia contra los defensores de la Amazonía, que se ha cobrado la vida de 14 líderes indígenas desde el 2020.[2]
El pasado 04 de noviembre del 2022, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó un Dictamen insistiendo en la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) que, entre otras cosas, elimina la obligación de contar con una autorización previa antes de realizar actividades agropecuarias que impliquen retirar los bosques. Esta propuesta ha sido recientemente agendada para su debate en el Pleno del Congreso de la República y se estima pueda entrar a debate en los próximos días.
La junta de portavoces del Congreso de la República en sesión del 23 de noviembre[3] ha exonerado del Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (en adelante Comisión de Pueblos) a los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315/2021-CR, autógrafa observada por el Ejecutivo, que propone la ley que modifica la LFFS.
La exclusión del Dictamen de la Comisión de Pueblos, contraviene el acuerdo del Pleno del Congreso de agosto pasado, cuando se debatió la autógrafa de la ley, que mediante cuestión previa envió el proyecto a la Comisión de Pueblos, para recoger sus aportes y analizar el impacto de dicha autógrafa sobre los derechos de los pueblos indígenas así como sobre los bosques y el medio ambiente.
Desde la sociedad civil consideramos necesario que la Junta de portavoces respete el acuerdo del Pleno y se recoja el Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología; la misma que debe consultar a la sociedad civil y expertos los efectos de la propuesta. El debate debe incluir la posición y análisis de los pueblos indígenas, a quienes afectaría directamente la propuesta de norma.
Desde las Organizaciones Indígenas se han emitido numerosos pronunciamientos (AIDESEP, ORPIO, ORAU, ONAMIAP, SERVINDI) en rechazo a esta autógrafa, señalando que la misma debe pasar por el proceso de Consulta Previa Libre e Informada, alertando que se pone en riesgo los territorios indígenas. Instamos a los señores congresistas a considerar que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, fueron consultados ampliamente a los pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua. Los intentos de modificar por insistencia la citada norma, sin tomar en cuenta las preocupaciones de los pueblos indígenas, evidencia la impericia e irrespeto de la vida no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad porque atentar contra la Amazonía es ecocidio y recrudece aún más la crisis climática actual.
Cabe señalar que a la fecha la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente han señalado los riesgos y vicios de la propuesta. La sociedad civil, a nivel nacional e internacional ha compartido varios análisis (DAR, SPDA)[4] sobre el impacto de la autógrafa y ha observado la falta de análisis técnico de la misma. Considerando que la pérdida de bosques asciende a
2,774,562 hectáreas en el periodo 2001-2021[5] es vital que tanto el Ejecutivo y el Legislativo contemplen la magnitud del daño que ocasiona la propuesta de modificatoria. Se agudizarán los problemas de tala ilegal, cambio de bosques a monocultivos, incremento de los cultivos ilícitos – narcotráfico, tráfico de tierras, pérdida de biodiversidad por degradación de ecosistemas, procesos de sabanización, incendios forestales, despojo de tierras de población indígena, conflictos atomizados, ocupación desordenada del territorio por proyectos de conectividad y extractivos de gran escala. Generando gran inseguridad ciudadana, mayor exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos, sobrepasando con creces la capacidad del estado para el control, fiscalización ambiental.
Asimismo, la propuesta del Congreso desconoce los esfuerzos del Ejecutivo en los procesos de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y de zonificación forestal, que coadyuvan a un manejo ordenado del territorio. Según información pública del MIDAGRI[6] a la fecha se han aprobado tres resoluciones de dirección general de la DGAAA con fines de titulación en los departamentos amazónicos de San Martín, Loreto, Amazonas y Ucayali que cubren un total de 13 millones de hectáreas clasificadas por su capacidad de uso mayor. Además, respecto a la zonificación, de acuerdo al SERFOR[7], si bien el avance del proceso a nivel nacional es de 19.37%; se tienen avances significativos en las cinco regiones amazónicas que concentran mayor área de bosques, la región de San Martín tiene aprobada su zonificación forestal totalmente, Amazonas tiene un avance del 93.71%, Huánuco: 57%, Loreto: 43.24% y Ucayali: 93.71%.
De otro lado, la aprobación de esta modificatoria de la ley forestal, no sólo promovería el avance de la deforestación en la Amazonía peruana y crearía un mal precedente jurídico al otorgar impunidad a grandes empresas que han deforestado la Amazonía ilegalmente durante los últimos años, sino que además pone a nuestro país en riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales suscritos como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI), el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, los compromisos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de Diversidad biológica (CDB), entre otros, para combatir el cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero en el paìs y la protección de nuestra biodiversidad.
Solo el cumplimiento de las políticas nacionales, la legislación nacional y los compromisos internacionales, permitirán el manejo sostenible de las más de 68 millones de hectáreas de bosques, que representan casi el 60% del territorio y que la población presente y futura pueda disfrutar de los diversos servicios ecosistémicos que brindan los bosques, que son la base de la producción de los sectores agropecuarios, forestal y pesquero, además, evitan la dispersión de enfermedades zoonóticas como la COVID-19 y próximas pandemias, y sus impactos sociales y económicos. Un retroceso de esta magnitud en la legislación forestal peruana, no solo perjudicará a los pueblos indígenas y población local amazónica cuya vida depende de los bosques, sino a toda la población en su conjunto, por eso hacemos un llamado al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo y Legislativo a que se continúe con los esfuerzos de fortalecer la gobernanza del sector forestal y que el Congreso archive definitivamente el dictamen de los Proyectos de Ley Nº 649, Nº 894 y Nº 2315/2021-CR.
Suscriben:
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
- Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI SC
- Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU
- Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU
- Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya – ORMIPA
- Comunidad Campesina de San Pedro de Casta
- Comunidad Amalai – Cusco
- Institución Nativa Oyate Sonqoyoc
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
- Animal Defenders International – ADI
- Agencia De Investigación Ambiental (EIA- Environmental Investigation Agency)
- Asociación Servicios Educativos Rurales
- Asociación Amazónicos Por La Amazonía – AMPA
- Asociación Nacional Del Centro -ANC
- Asociación Marianista de Acción Social – AMAS Marianistas
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Pasco
- Asociación de Cosecha y Siembra de Agua (ASYCA) – San Pedro de Casta
- Asociación Arariwa
- Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
- Asociación ProPurús
- Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
- Asociación Tecnología Ecología y Desarrollo – DETEC
- Asociación para el Desarrollo y Conservación de los Recursos Naturales del Perú – ACRENAP
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS
- Instituto de Defensa Legal – IDL
- CASA PERÚ
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Centro Bartolomé De Las Casas – CBC
- Centro para el Desarrollo de los Pueblos AYLLU – CUSCO
- Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP Perú
- Centro de Investigación y Educación Popular Alternativa
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
- Centro de Culturas Indígenas del Perú CHIRAPAQ
- Comisión Episcopal De Acción Social – CEAS
- Casa del Protector Marcahuasi
- Centro de Desarrollo Agropecuario
- CUIDAR
- Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL
- Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
- Centro de Prevención de la Mujer – CPM Micaela Bastidas
- Centro de Desarrollo Andino – CDA SISAY
- Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional – CEPRODEP
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA de Piura
- Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER de Arequipa
- Centro Bartolomé de las Casas de Cusco
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- CEDEPAS Norte
- Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP
- Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP Ayacucho
- Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
- Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción-CICAP
- Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
- Diócesis de Chosica – Departamento de Dignidad Humana
- ECODES Tiempo de Actuar
- Fomento de la Vida – FOVIDA
- Fondo Socioambiental del Perú
- Grupo Pastoral Cuencas Sinodales
- Centro de educación y comunicación ILLA
- Iniciativa Interreligiosa Para Los Bosques Tropicales – IRI PERÚ
- Instituto Del Bien Común
- Instituto Runa Pacha – IRUPA
- Grupo Género y Economía
- Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
- Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
- Movimiento Manuela Ramos
- Movimiento Laudato Si Perú
- Asociación Paz y Esperanza
- Plataforma de Empresas y Derechos Humanos
- Red Ambiental Peruana- RAP
- Red Muqui
- Red Eclesial Panamazónica – REPAM – PERÚ
- Red Uniendo Manos Perú
- Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir – REDINJUV
- Red Agua Desarrollo y Democracia – REDAD
- Pastoral Social de Dignidad Humana.
- Red Pueblos Indígenas y Ecología Integral
- Red Latinoamericana Iglesias y Minería – Nodo Perú
- Red Wiphalas / Wiphalas Network
- Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
- Red Nacional De Conservación Voluntaria Y Comunal “AMAZONÍA QUE LATE”
- Servicios Educativos Rurales (SER)
- Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú-SZF
- SEDYS Trujillo-Perú- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad.
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
- Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno
- TierrActiva Perú
- Tierra Firme
- Vicariato Apostólico de Iquitos
- Asociación Yunkawasi
- Rosa Guillen Velarde DNI 06098186
- Josefina Huamán DNI 07242254
- Giuliana Larrea Aguinaga – 40826401
- Ramón Rivero Mejía DNI 40684427
- Maya Carlina Corminboeuf, antropóloga suiza/boliviana
- Gloria E. Sarmiento Valenzuela DNI 22091995
- Hugo Che Piu Deza DNI 10726429
- Alexis Díaz Limaco DNI 09870846
- Rosario Narvàez Vargas DNI 07594485
- Lucía Ruiz Ostoic DNI 08767259
- Ivan Brehaut Larrea DNI 25738550
- Irma Elvira Ganoza Macchiavello. 07831713
- Julia Carmen Espinoza Bernal, DNI 25614801
- Félix Rojas Orellana DNI 28311915
- Isabel Coral Presidenta DNI 09373151
- Ibis Fernández Honores – DNI: 07399151
- Carmen Valverde Garaban Presidenta DNI 07952336
- Carmen Aleman, Directora DNI 08673234
- César Ipenza DNI 40287902
[1] Mongabay Latam. 2017. Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú. Por Yvette Sierra Praeli/, Mongabay Latam. 2018. Tráfico de tierras en Ucayali: funcionarios detenidos por pertenecer a mafia. Por Yvette Sierra Praeli/, Epicentro TV y Proética. 2022. Documental Los Expedientes de la Tala.
[2] Ojo Público 2022. Defensores ambientales: La Impunidad somete a los deudos a un duelo eterno.
[3] Oficio 1160 – 2022 – 2023 – ADP – D/CR. Carta de la junta de portavoces del Congreso de la República dirigida a la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República .
[4] DAR. 2022. Normas que impactan bosques: Análisis de la reciente norma que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Actualidad Ambiental. 2022. Sin sustento técnico: Congreso aprobó propuesta que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
[5] Como se sustenta en el Oficio N° 250-2022-PR con las observaciones del Ejecutivo, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático del MINAM el año 2020 se alcanzó las 203,272 hectáreas de pérdida de bosques, representando un incremento del 37% de pérdida de bosques comparando con el año 2019. Ese mismo año también se degradaron más ecosistemas que en cualquier año previo; particularmente las regiones con mayor degradación fueron Loreto (4,549,040.64 ha perdidas), seguido por Ucayali (2,321,331.66 ha perdidas), San Martín (2,256,313.23 ha pérdidas), Madre de Dios (1,645,677.99 ha pérdidas) y Cusco (1,527,004.98 ha perdidas).
[6] Resoluciones de Dirección General N°s 300-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N° 410-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N°656-2022MIDAGRI-DVDIAR-DGAAA.
[7] https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1rBWIgdSv6bguI4RaAyMnpnW9myR3t-sB/page/HHh6B
