PRONUNCIAMIENTO
EXIGIMOS AL CONGRESO Y A LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESUELVA YA LAS DENUNCIAS CONTRA LOS FISCALES SUPREMOS CUESTIONADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Existen diversas denuncias contra los Fiscales Supremos: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Raúl Rodríguez, por supuestos actos de corrupción y entorpecimiento de las investigaciones por corrupción en casos emblemáticos en el país, como el caso Lava Jato (Odebrecht), los Cuellos Blancos, apoyo ilegal en las investigaciones penales a Keiko Fujimori, etc. y que, actualmente, forman parte de la Junta de Fiscales Supremos.
A ello debemos sumar el hecho de que en julio próximo concluye el período del Fiscal Supremo Carlos Arce como representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones. Arce es otro de los fiscales cuestionados por temas de corrupción y su eventual retorno a la Fiscalía y, por lo tanto, a la Junta de Fiscales Supremos es un grave peligro para la autonomía de dicha institución.
Como bien se sabe, la mayor parte de estas denuncias, sino todas, se encuentran en el Congreso de la República y en la Junta Nacional de Justicia, las mismas que no han avanzado en sus investigaciones con los argumentos de que fue cerrado el anterior Congreso y la Junta Nacional de Justicia –luego de un prolongado retraso en su conformación– no se reúne por la orden de aislamiento social debido al estado de emergencia nacional por el Covid-19.
Sin embargo, esta falta de investigación y pronunciamiento nos puede llevar a situaciones tan graves en la lucha contra la impunidad, tanto en casos de corrupción como de violaciones de derechos humanos. Se trata de cuatro fiscales supremos seriamente cuestionados por vínculos con actos de corrupción quienes harían amplia mayoría en la Junta de Fiscales Supremos, siendo inminente el riesgo de que, por intereses subalternos personales, entorpezcan las investigaciones en su contra y contra todos aquellos altos funcionarios del sistema de administración de justicia (Jueces Supremos, Jueces Superiores, Jueces Especializados, Fiscales Superiores, Consejeros del disuelto CNM, etc.); neutralizando a quienes vienen llevando a cabo esas investigaciones con falsas denuncias o con cambios de las personas responsables de esas investigaciones.
Ya son evidentes las acciones pasadas de los mencionados fiscales, como cuando se pretendió cambiar sin razón alguna a los fiscales superiores y provinciales del equipo especial que investiga el caso Lava Jato o las constantes apariciones en medios de prensa del Fiscal Supremo Tomás Gálvez, agraviando de la forma más grotesca posible a colegas suyos, de la Junta de Fiscales Supremos, así como los agravios y la reciente denuncia constitucional que ha formulado contra el Fiscal Supremo Pablo Sánchez dado que este último anunció que le formularía denuncia por vinculaciones con la organización criminal de “los Cuellos Blancos”, además de los permanentes ataques al equipo de fiscales del caso Lava Jato.
Frente a esta arremetida de altos funcionarios vinculados a la corrupción y que forman parte del sistema de administración de justicia, en este caso de miembros de la Junta de Fiscales Supremos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa lo siguiente:
1. Exigimos que la Junta Nacional de Justicia dé trámite inmediato a la denuncia disciplinaria presentada el 14 de febrero de 2020, por el Fiscal Adjunto Superior de la Cuarta Fiscalía Superior para Casos de Corrupción en contra del Fiscal Supremo Tomás Gálvez, por entorpecer las investigaciones del equipo especial de fiscales que investigan el caso Lava Jato, y admitan la solicitud de suspensión temporal en el cargo del fiscal supremo denunciado en aras de garantizar que no haya entorpecimiento en las investigaciones seguidas en su contra por las denuncias de vinculación con la corrupción, entre ellos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos”, y así suspenderlo/separarlo temporalmente mientras dure la investigación.
2. Requiere al Congreso, que se instale inmediatamente la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales, para dar pronto trámite y resuelva cuanto antes las acusaciones constitucionales formuladas en contra del Fiscal Supremo Tomás Gálvez así como contra los otros fiscales vinculados a actos de corrupción, que fueron paralizadas por el cierre del anterior Congreso.
Finalmente, el presente pronunciamiento es en base a nuestra legítima preocupación como sociedad civil ante una coyuntura en donde se hace evidente que la corrupción -y la ineficiente lucha contra la misma- menoscaban instituciones y vulneran gravemente los derechos fundamentales de la ciudadanía en general.
Lima, 19 de junio de 2020.