El ex presidente Alberto Fujimori estuvo a la cabeza y fue quien implementó una nueva estrategia que incluyó prácticas de “guerra sucia” en la lucha contra la subversión, afirmó Carlo Rivera Paz, abogado de la parte civil durante la sesión 141 del megaproceso que afronta el ex presidente por violaciones a los derechos humanos.

Durante el inicio de la presentación de sus alegatos finales, la defensa de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta reiteraron su postura en torno a la responsabilidad de Alberto Fujimori en los crímenes de lesa humanidad impulsados a partir de 1991.

Rivera Paz mencionó que toda esta política ha quedado plasmada en un documento denominado “Manuel de Guerra no convencional” y también en la creación del destacamento militar encubierto y denominado “Destacamento Colina”, autor material de las matanzas. Refirió además que los crímenes de lesa humanidad se cometieron mediante “órdenes verbales directas e ilegales” y que sus operadores las “cumplieron disciplinadamente todas y cada una de ellas”.

Durante su intervención, la abogada Gloria Cano pidió al Tribunal Supremo incluir en su decisión “medidas de satisfacción” conforme lo estipula una Resolución de la Organización de las Naciones Unidas, sobre Principios y Directrices Básicas, mediante la cual las víctimas de violación de derechos humanos y del derecho humanitario pueden hacer determinadas peticiones.

En ese sentido, solicitó a la Sala disponga la continuación de la búsqueda de los restos de las víctimas de La Cantuta, pues hasta ahora no se han encontrado la totalidad de ellos.

Asimismo, demandó invocar el respeto a la dignidad de las víctimas y un reconocimiento expreso de que se les agravió directamente así como a sus familiares. Cano Legua argumentó su pedido sosteninedo que la reparación a los familiares de las víctimas debe ser integral, y no únicamente circunscrita al aspecto económico.

El Ministerio Público solicita una pena de 30 años de prisión para Fujimori, al considerarlo “autor mediato” en el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el “autogolpe” de Estado de 1992.

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