Escribe Miguel Jugo Viera
Director de proyección institucional de APRODEH
Mañana viernes 20 de marzo, la Corte Suprema de Justicia verá la apelación que ha planteado la defensa del General Julio Salazar Monroe en el juicio que se le sigue por el caso La Cantuta. En abril del año pasado, la sala presidida por la doctora Inés Villa Bonilla hizo una real investigación del caso y llegó a la conclusión de que Julio Salazar Monroe, como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante esos años, conocía de la existencia del Grupo Colina y junto a Vladimiro Montesinos, aprobaba los planes operativos para este grupo, les facilitó recursos logísticos y administrativos para su funcionamiento, además de proveerles la economía necesaria para sus actividades.
También, se probó que este escuadrón de la muerte se reunía al interior de las instalaciones del SIN –el cual les brindaba todo tipo de seguridades– con la anuencia y conocimiento de Salazar. Y que tras la aprobación del plan por parte del SIN, es decir de Salazar y Montesinos, se realizó el operativo que ocasionó la masacre de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como “La Cantuta”, el 18 de julio de 1992, en pleno gobierno de Fujimori.
Desde entonces la labor de APRODEH ha consistido en mantener viva la demanda de justicia junto con los familiares de las víctimas. Luego de casi 17 años de patrocinar este caso y participar firmes y comprometidos en el proceso penal, llegamos a una sentencia contundente, emitida el 8 de abril de 2008 que, luego de ser apelada, será resuelta por la Corte Suprema mañana. Cabe recordar que el proceso por este caso comenzó en el año 2001, luego que se levantara el impedimento de las leyes de amnistía dadas por Fujimori, precisamente para favorecer a los miembros del Grupo Colina y, en particular, a Salazar Monroe.
El caso La Cantuta ameritó, por la impunidad que existía durante el régimen fujimorista, que las instancias internacionales se pronunciaran al respecto. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2006, condenó al Estado peruano por la violación de los derechos humanos de nueve estudiantes y un profesor universitario de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, y demandó investigación y sanción para los responsables. Dicha sentencia se convirtió luego en el principal argumento que hizo posible la extradición de Alberto Fujimori al Perú para iniciar su juzgamiento en diciembre de 2007.
En el juicio de Alberto Fujimori se ha probado la existencia de Colina y su accionar pernicioso. Asimismo, se ha demostrado que la línea de mando pasaba precisamente por Salazar Monroe hasta llegar al propio Fujimori. Ello es bastante claro en la sentencia emitida en abril del año pasado. En consecuencia, aún cuando la defensa del General Salazar Monroe pretenda decir ahora que la línea de mando salteaba su cargo, está claro que Colina era un grupo dentro de la estructura militar y que respondía a las órdenes de Fujimori, Montesinos, Hermoza Ríos y Salazar Monroe, hasta llegar a los ejecutores materiales.
Es improbable argumentar que el General Julio Salazar Monroe no era el autor mediato, sino Montesinos o Fujimori: por la misma estructura de la cadena de mando, hechos como el de La Cantuta eran de su total conocimiento y aprobación. En este caso, Salazar Monroe podía participar o impedir los asesinatos. Y él eligió participar, e incluso, apadrinó al destacamento Colina en la ceremonia de inauguración realizada en el “Galpón”, dentro del SIN. Ahora pesa sobre Salazar una primera sentencia que esperemos la Corte Suprema ratifique. Esperamos también que este proceso signifique un zanjamiento con la impunidad y el logro de una demanda permanente: quienes pertenecieron a los altos mandos y se involucraron en una política de exterminio de personas, deben responder por ello.
Que la justicia deje de ser una promesa y pase a convertirse en una realidad. Y que la máxima pena impuesta a Julio Salazar Monroe sea la antesala de lo que le espera a Fujimori.
(Área de prensa de APRODEH)
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