La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, su adjunto para Derechos Humanos respaldó públicamente en el Congreso el proyecto del parlamentario Jorge Montoya para otorgar amnistía a policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos.
Esta contradicción entre el discurso y la acción revela un trasfondo claro: promover que sea el TC quien defina la constitucionalidad de la ley y cerrar la puerta al control difuso, herramienta que permite a los jueces inaplicar normas contrarias a la Constitución.
En lugar de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, la Defensoría del Pueblo, llamada a proteger los derechos de la ciudadanía, se alinea con una ley que favorece la impunidad y pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es indispensable permanecer alertas frente a todo retroceso en la protección de los derechos fundamentales.
Lima, 15 de septiembre de 2025.
