Lima, octubre de 2025.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó el informe “Perú: Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2025”, que advierte sobre el incremento sostenido del crimen organizado, la expansión de economías ilícitas y la erosión de las capacidades estatales para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana.
Entre los principales hallazgos, el documento advierte que en 2025 se han registrado más de 11 mil denuncias por extorsión, y que el 21% de peruanos ha sido víctima directa, reflejando una sociedad donde “todo tiene un precio”. El estudio también señala la expansión del narcotráfico y la minería ilegal —que hoy abarcan 21 de las 24 regiones del país—, el aumento de los feminicidios y violencias sexuales, y el deterioro de la confianza ciudadana: más del 70% de la población desconfía de la Policía Nacional y el Poder Judicial.
Asimismo, el informe cuestiona la efectividad de los 32 estados de emergencia decretados por el gobierno, en especial en el VRAEM, bajo régimen excepcional desde hace más de 20 años, y alerta sobre los riesgos de un giro autoritario, ante propuestas que buscan replicar el modelo represivo de Nayib Bukele en El Salvador.
Voces de los sectores más afectados
El impacto de esta crisis se siente con fuerza en los sectores más vulnerables. Richard Barnechea, representante del gremio de transportistas, señaló que su sector es uno de los más golpeados por la violencia y la extorsión:
“En los últimos meses, más de 40 conductores han sido asesinados. Vivimos en angustia, porque cualquiera puede ser víctima de sicariato o extorsión. Cuando uno va a denunciar, a las dos o tres horas ya recibe una amenaza. ¿Cómo es posible que el delincuente tenga esa información? Por eso muchos ya no denunciamos. No podemos seguir viviendo con miedo”.
Desde la voz juvenil, Yackov Solano, estudiante universitario y uno de los rostros de la generación Z movilizada en las calles, expresó:
“La corrupción ha ganado espacio en nuestro país, pero la generación Z ofrece esperanza. Hemos despertado, no solo en Perú sino en toda Latinoamérica. Queremos dar la lucha constante contra esta clase política que busca solo su beneficio”.
Por su parte, la abogada feminista María Ysabel Cedano recalcó que la inseguridad golpea con especial crudeza a las mujeres:
“El problema de la seguridad no solo está en la calle. También en los hogares, donde ocurre la mayoría de delitos sexuales. En el Perú se registra al menos una violación sexual cada hora, y lo más grave es la impunidad que normaliza esta situación. La falta de justicia y prevención perpetúa las desigualdades”.
Desde la mirada policial, el coronel (r) Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, destacó que sí es posible enfrentar al crimen organizado cuando hay voluntad y estrategia:
“Cuando se trabaja con independencia, tecnología y articulación, la seguridad mejora. La DIVIAC demostró que podía investigar incluso al poder, pero cuando empezó a hacerlo fue desactivada. Sin autonomía, ninguna unidad puede combatir el crimen eficazmente”.
Finalmente, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, subrayó que la criminalidad está estrechamente ligada a la corrupción y la impunidad:
“Necesitamos una sociedad civil organizada, con vocerías públicas que desmonten las narrativas simplistas de la ‘mano dura’. Enfrentar esta crisis requiere análisis profundos, articulación intersectorial y voluntad política real”.
Hacia una respuesta integral
El informe propone una reforma integral del sistema de seguridad y justicia, con liderazgo civil, enfoque en derechos humanos y coordinación efectiva entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. También urge crear un subsistema penal especializado en extorsión y sicariato, invertir en inteligencia y fortalecer la prevención social, priorizando la protección de mujeres, jóvenes, defensores ambientales y comunidades afectadas por economías ilícitas.
Durante la presentación del informe participaron también representantes de los gremios de construcción civil, ollas comunes, universidades, operadores de justicia y organismos de derechos humanos, quienes coincidieron en que la seguridad ciudadana no puede sostenerse sin justicia, derechos e instituciones limpias.
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