Por Cesar Bazan (IDL)

cesarbazanPara muchas personas, en la segunda vuelta de las elecciones del 2011 no solo estaba en juego la democracia, sino también el liderazgo en la lucha contra la delincuencia. En aquel momento, como ahora, era difícil imaginar que Keiko Fujimori sea capaz de implementar políticas efectivas a favor de la seguridad, mientras que Ollanta Humala, por su condición de militar en retiro, movilizaba en la psiquis social el ideal de las botas que le rompen el espinazo a la delincuencia, parafraseando al ahora precandidato Daniel Urresti.

El actual presidente, tras casi cinco años de gestión, ha demostrado que la imagen del militar que lucha eficientemente contra la inseguridad es solo percepción. No es realidad. Los militares están entrenados para un trabajo diferente, relacionado a preservar el orden exterior y no a la lucha contra un enemigo atomizado, multiplicado por miles. Sin embargo, a pesar de esta constatación, cada cierto tiempo, políticos irresponsables alimentan la figura idealizada del militar que todo lo puede, incluso aquello que no. Por eso, no extraña que reviviera hace poco el debate sobre si los militares deben salir a las calles para enfrentar a la delincuencia.

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Más allá de aquella percepción errada de lo militar, el asunto fondo es la búsqueda de respuestas al problema de la delincuencia, incluso respuestas desesperadas. En esa línea, no extraña –aunque preocupa- la fuerza que ha cobrado la campaña “Chapa tu choro y déjalo paralítico”. Esta opción, si bien parte de una legítima indignación ciudadana ante la falta de seguridad, resulta peligrosa y contraproducente por tres razones: i) pone en riesgo al vecino y vecina, que se enfrentarán al delincuente; ii) si la gente indignada pierde el control y lesiona gravemente al hampón o lo mata, entonces el sistema de justicia perseguirá a los pobladores; y, aquí viene lo más importante iii) combatir la violencia criminal con violencia socaba las reglas básicas de convivencia ciudadana, rompe con la hegemonía del Estado en el uso de la fuerza y compromete nuestro desarrollo como país.

Sin embargo, la campaña prendió y los intereses políticos están a la orden del día. La otra campaña: la presidencial y congresal también empezó y los candidatos intentarán posicionarse como los más capacitados para enfrentar a la delincuencia. En la última contienda electoral municipal (en Lima) recibimos un adelanto de un debate que estuvo a nivel sofista. Con el eslogan drones contra los ladrones, ningún plan de gobierno ofrecía cuatro ideas serias sobre qué hacer contra la delincuencia.

Las elecciones 2016 estarán a ese nivel o incluso peor. El candidato Alejandro Toledo dio la clarinada al prometer sacar a los miliares a las calles y cambiar la ley para que regrese la pena de muerte. Desde el IDL intentaremos, algo que recomendamos a todos los ciudadanos: revisar los planes de gobierno de los candidatos para analizar si sus propuestas sobre seguridad ciudadana cumplen con estos siete indicadores*:

Conocimiento del problema de inseguridad en el país
Conocimiento de las competencias del Ejecutivo en seguridad ciudadana
Definición de objetivos pertinentes y claros
Elaboración de indicadores de éxito
Planteamiento de estrategias adecuadas
Identificación de plazos y mecanismos de seguimiento y evaluación
Previsión del presupuesto

Si las propuestas sobre seguridad ciudadana del plan de gobierno de alguno de los candidatos cumple mínimamente con estos requisitos, tendremos la certidumbre de que se trata de un político serio y que tiene ideas sobre qué hacer ¿Alguno de los que aparecen en las encuestas logrará proponer cuestiones sensatas ante el problema que agobia con más intensidad a los peruanos y peruanas? Eso está por verse.

*Elaboración: IDL-Seguridad Ciudadana