CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS PEDRO CASTILLO Y KEIKO FUJIMORI

Las organizaciones abajo firmantes formamos parte de asociaciones de víctimas del periodo de violencia 1980 -2000, organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones de la sociedad civil. Nos dirigimos a quienes aspiran a la Presidencia para exigirles garantías de no repetición de la violencia.

Hacemos esta exhortación sumidos en un profundo dolor. Desde el inicio de la pandemia han muerto miles de personas por la inacción estatal. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para combatir la desigualdad, el racismo y la discriminación fueron pobremente implementadas. Por ello, la pandemia del Covid-19 encontró en el Perú un Estado sin capacidad de respuesta a pesar del invaluable servicio del personal sanitario.

Consideramos inaceptable la estigmatización de quienes hemos luchado durante décadas por justiciay verdad, o de quien ejerce su legítimo derecho a la protesta. Nos mortifica la utilización política de términos que nos recuerdan una etapa de dolor y el uso de la memoria con fines proselitistas. Queremos ser claros: el negacionismo y la relativización de las responsabilidades solo garantiza la impunidady revictimiza a los afectados.

En este marco, expresamos nuestra profunda preocupación por propuestas y expresiones de ambos postulantes que atentan contra la institucionalidad en materia de derechos humanos. Por ello, les exigimos cumplir las siguientes garantías de no repetición:

  1. Garantizar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos oponemos firmemente a la posibilidad de retirarse del Pacto de San José.
  2. Rechazamos la intención de ambos candidatos de indultar a personas condenadas por delitos graves y violaciones a los derechos humanos.
  3. Cumplir con las resoluciones y sentencias de entes nacionales e internacionales referidos a los derechos humanos, en particular vinculados a la violencia política y sus secuelas.
  4. Asegurar la continuidad de los procesos judiciales. Proteger a víctimas, testigos, familiares y defensores de derechos, y dotar al sistema especializado de los recursos que le son necesarios.
  5. Resolver la situación de las más de 20 mil personas desaparecidas. Exigimos establecer plazos y asignar recursos para esclarecer el paradero de estas peruanas y peruanos.
  6. Respetar las disposiciones de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Decreto Legislativo que crea El Banco de Datos Genéticos con la finalidad de contribuir a la identificación de las personas desaparecidas, y la Ley sobre los Desplazamientos Internos, así como toda la normativa promulgada sobre estas materias.
  7. Fortalecer la institucionalidad del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), entidad pública que conmemora las memorias de las víctimas civiles, policiales y militares. Hacemos notar con preocupación que parlamentarios electos han mostrado su abierta hostilidad al LUM.
  8. Respetar la autonomía e independencia de los lugares de memoria administrados por los gobiernos subnacionales, la Defensoría del Pueblo o asociaciones de víctimas, como el Museo de ANFASEP, el YalpanaWasi, El Ojo que Llora, el Santuario de La Hoyada, el Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos, y la exposición Yuyanapaq, entre otros.
  9. Profundizar en los contenidos correspondientes al periodo de violencia en el currículo escolar, garantizando una mirada reflexiva que permita a nuestras hijas e hijos comprender su complejidad sin conceder espacio al negacionismo o relativizar responsabilidades.
  10. Adoptar plenamente las recomendaciones de la CVR y dar continuidad al Plan Nacional de Derechos Humanos.

 

Ayacucho, 07 de mayo de 2021.

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