Por Mariano Paliza
La protesta social presente a lo largo y ancho del país, se viene extendiendo, mientras los órganos del Estado destinados a proteger a la ciudadanía y a la nación, es decir, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo estricta dirección del Ministerio del Interior, de Defensa y de la Presidencia de la República vienen reprimiendo indiscriminadamente a la población en forma violenta.
Las legítimas demandas de la población, incluidas las demandas políticas de renuncia de la presidenta, cierre del Congreso y elecciones inmediatas deben ser leídas políticamente, y canalizadas legal y constitucionalmente. Las autoridades aludidas, luego de un análisis de sus propios comportamientos, deben responder con una propuesta alternativa.
Las y los ciudadanos peruanos, no deben ser tratados prepotentemente como si fueran sujetos incapaces, fácilmente manipulables por “azuzadores”. Se deben reconocer sus plenas facultades y derecho a expresar sus propias reivindicaciones a través de manifestaciones individuales o colectivas. Las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo, deben analizar exhaustivamente las demandas de la población, escuchar las críticas, reconocer sus fallas e insuficiencias, presentar sus excusas, enmendar sus errores, y de ser el caso, renunciar a los cargos.
No es sostenible responder a las protestas de la población como se viene haciendo hasta ahora, con huecos “llamados a la calma” y con prejuicios despectivos respecto a que la población “no sabe lo que quiere”. Hay en el pueblo más inteligencia de lo que creen los que se hallan circunstancialmente en puestos de autoridad. Toda la población se da cuenta de lo que pasa, percibe los tejes y manejes detrás de las bambalinas e intuye las conspiraciones y complots de las altas esferas, a pesar del manto de desinformación con el que se las cubre desde sus propios despachos y a través de la prensa monopólica, al servicio de intereses de ciertos grupos de poder.
Por su superioridad numérica y cualitativa, la población consciente, actor político, social y económico, debe adoptar plenamente la teoría y la práctica de la lucha no violenta para combatir y vencer a la violencia y la prepotencia de esos grupos. La teoría de la lucha no violenta parte de la renuncia al empleo de la superioridad de cualquier tipo en las relaciones humanas, personales o institucionales, sobre todo de la fuerza bruta. Los únicos criterios a ser tomados en cuenta son la fuerza de la verdad y la justicia. No se puede partir de la mentira, de la simulación de la verdad, ni de la manipulación de la realidad.
La adopción del principio debe regir la conducta de los luchadores sociales, asegurando el respeto de la dignidad humana, de las propias filas y las de los oponentes. Respetando la libertad individual y colectiva, la libertad de pensamiento, opinión, expresión, prensa, manifestación y protesta. Además, de la voluntad y el derecho de las personas, grupos o instituciones a expresar, o no, sus ideas, opiniones y su protesta. Su libertad de movimiento, circulación y trabajo son inalienables. No se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere, o a no hacer lo que quiere, ni impedir su desplazamiento, o el desarrollo de su trabajo. Al hacerlo estamos empleando la violencia que es contraria a los derechos humanos y a los principios de la lucha no violenta.
El objetivo fundamental de la lucha no violenta es conseguir que el oponente, se convierta en un interlocutor, y en un colaborador de la construcción de otra realidad social, común y conveniente para todos y todas.
Es por eso, por lo que las autoridades y políticos de todos los sectores deberían también observar los principios de la lucha no violenta, deponer sus actitudes y gestos de superioridad moral, política o social y dejar de lado la metodologías de estigmatización de los manifestantes, dirigentes y líderes espontáneos satanizando sus reivindicaciones. Adoptando los principios de la no violencia, las autoridades tendrían la posibilidad de legitimarse y demostrar que tienen la razón, de ser el caso.
Ambos protagonistas de la actual lucha social en el Perú, deben tener claro estos principios y adaptar sus métodos a los de la lucha no violenta, sin renunciar a sus objetivos reivindicativos, sociales, políticos y administrativos. Las manifestaciones deben buscar expresar sus ideas, hacerlas escuchar a la población, para que se una a ellas y hacer escuchar a las autoridades sus reclamos y propuestas. Todo ataque a personas o propiedad privada o pública, lo mismo que toda estigmatización, menosprecio y terruqueo, no contribuyen a eso. Una conducta no violenta convoca y gana adeptos; por el contrario una conducta violenta puede ganar algunos exaltados, pero perderá adeptos en calidad y cantidad y logrará agudizar más las contradicciones con los oponentes, provocando reacciones más violentas, haciendo crecer la espiral de violencia. La violencia sólo puede ser vencida por la NOVIOLENCIA.
Lima, 20 de diciembre de 2022
Mariano Paliza
CNDDHH