Por Wilfredo Ardito Vega
En Abancay, las instituciones públicas dejan de impedir el ingreso a los ciudadanos que no portan DNI. En Sullana, un establecimiento que se reservaba el «derecho de admisión» recibe una advertencia de un grupo de vecinos. En Ayacucho, se abre un local para la comunidad gay, porque ya no teme las agresiones del Serenazgo.
En diversos lugares del Perú, las Ordenanzas municipales contra la discriminación vienen generando cambios concretos en la vida de los ciudadanos y se están convirtiendo en un fenómeno de carácter nacional.
Esta nueva normatividad procura enfrentar una realidad que hasta hace poco tiempo era sistemáticamente negada en el Perú: la discriminación, que en nuestro país no aparece como racismo o machismo aislados, sino como discriminación acumulada, es decir la misma persona sufre por varias causas de discriminación simultáneamente.
Probablemente, la falta de intervención por parte de las municipalidades peruanas se debía a que la discriminación era percibida como un fenómeno “natural”, no generaba mayor cuestionamiento a las autoridades que las diferencias entre las personas tuvieran como consecuencia situaciones de desigualdad. De esta manera, no llamaban la atención tampoco las prácticas discriminatorias que llevaban a cabo algunos establecimientos, ni era considerado prioritario evitar comportamientos racistas entre los propios funcionarios municipales.