Escribe Guillermo Giacosa
Este año, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha cumplido 25 años. Se creó en 1983 con el objetivo de alertar sobre la espiral de violencia que, desatada por Sendero Luminoso, tenía una respuesta inadecuada de parte del Estado.
Veinticinco años después, el IDL define su quehacer como una fórmula de siete por siete: siete ejes temáticos –derechos humanos, justicia, seguridad, defensa, anticorrupción, inclusión social y análisis político– y siete niveles de trabajo –jurídico (litigio nacional e internacional), capacitación, incidencia en políticas públicas, comunicaciones (prensa, radio, televisión e Internet), constitución y fortalecimiento de redes nacionales e internacionales, sistematización, investigación y publicaciones y diálogo entre el Estado y la sociedad civil–. En cada uno de esos ámbitos, su propósito es generar ideas, propuestas y acciones positivas.
El IDL es independiente del Estado, de los partidos políticos y de todo gremio que represente intereses de grupo, por más lícitos que estos sean. “Siempre hemos actuado” –dicen sus directivos– “en nombre de una perspectiva: principios, valores democráticos, derechos humanos y por la inclusión contra cualquier tipo de discriminación”.
En mi trabajo como periodista televisivo, el IDL me permitió ponerme en contacto con personas que habían sido privadas injustamente de su libertad y se pudo, de ese modo, hacer públicos, a nivel masivo, casos dramáticos que ni los televidentes ni yo jamás olvidaremos.
El equipo de IDL está integrado por abogados, educadores, sociólogos, periodistas, asistentes sociales, politólogos y psicólogos, además del personal administrativo. Sus integrantes son personas que vienen de distintas profesiones, generaciones, zonas del país y sectores sociales. Su financiación proviene de la cooperación internacional. Según su propia explicación: “No le costamos ni un sol al Estado ni a los peruanos.
Obtenemos estos fondos a partir de la aprobación de proyectos que, muchas veces, son producto de concursos que ganamos –es como atraer inversión extranjera–. También generamos recursos propios, pues cobramos por nuestros servicios y vendemos nuestras publicaciones. Como somos una asociación sin fines de lucro, estos recursos son asignados íntegramente al cumplimiento de los fines de la institución”.
Es bueno agregar que las instituciones que les asignan los fondos con los que trabajan los fiscalizan directamente mediante informes, visitas, auditorías, entrevistas, etcétera.
El IDL ha contribuido a crear conciencia sobre la violencia política, a reducir las violaciones de los derechos humanos y a estimular una actitud de mayor apertura hacia estos. Es en ese campo donde expresan que se sienten más satisfechos: “Nos enorgullece –dicen– haber podido ayudar a muchas personas, de carne y hueso, con rostros y nombres, víctimas de la perversidad humana y del abuso del poder, generalmente pobres dentro de los pobres, a recuperar su dignidad y su puesto en la sociedad”.
Fuente: Peru21