Por Beatriz Merino. Defensora del Pueblo
¿Cómo lograr un país más democrático y sin corrupción? ¿Cómo fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus autoridades? Sin duda alguna, la «cultura de la transparencia» constituye –precisamente– una manifestación esencial de la «cultura democrática», en tanto exige gobernar de cara a los ciudadanos, y es un poderoso instrumento para prevenir la corrupción, en la medida en que desaliente malas prácticas en la gestión del Estado.
En efecto, los peruanos esperan que su Estado funcione, y que funcione bien. La única manera de asegurarse de que se cumplen los fines del Estado y de que no se están satisfaciendo, además, intereses ilegítimos o distintos al bien común, es la concerniente a la transparencia y el acceso a la información. Un gobierno abierto en información gana en legitimidad, lo que fortalece, a su vez, la gobernabilidad y la paz social.
Asimismo, actuar con transparencia y brindar información constituyen poderosos instrumentos para prevenir la corrupción. La publicidad de las decisiones, respecto del uso de recursos públicos y de los procesos de gestión gubernamental, impone exigencias al funcionario en materia de transparencia, al tiempo que permite identificar nudos burocráticos que facilitan, promueven o buscan justificar la desviación del poder. En este contexto, la reserva de la información es absolutamente excepcional e instrumental a la imperiosa necesidad de proteger algún interés de igual o mayor importancia que la transparencia y el derecho de las personas a conocer lo que sucede con la gestión del Estado.
Una política de transparencia debilitada facilita o acentúa el secretismo en el Estado, así como las prácticas de corrupción. No hay Estado constitucional y democrático si no hay respeto a los derechos de la persona. El secretismo y la consiguiente corrupción son eficaces conspiradores de este postulado, toda vez que orientan la acción del Estado hacia objetivos distintos a la satisfacción de los derechos fundamentales.
Estas son las ideas que animaron a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con el apoyo de Open Society, a organizar la Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información. Esta actividad pone en evidencia la decidida apuesta de la Defensoría del Pueblo, y de esta defensora, por la transparencia y el acceso a la información en el Estado. Ha sido siempre –qué duda cabe– una prioridad institucional.
Habiendo transcurrido seis años desde la promulgación de la legislación sobre la materia, resulta indispensable realizar un balance y una evaluación integral de los problemas de transparencia y acceso a la información en todos los niveles del Estado. Asimismo, resulta imprescindible construir metodologías y criterios más adecuados para monitorear su vigencia, concertando, Estado y sociedad civil, una agenda de trabajo conjunto que permita la plena vigencia del principio de transparencia y el derecho de acceder a la información pública.
En el evento se analiza el nivel de cumplimiento de las sentencias sobre hábeas data, dictadas por el Tribunal Constitucional; el conocimiento y percepciones de los funcionarios, periodistas y representantes de la sociedad civil sobre la ley; así como los informes anuales sobre acceso a la información que la Presidencia del Consejo de Ministros remite al Congreso de la República.
Se trata, en suma, de librar una batalla cultural contra la corrupción, algo que solo se gana con una terca afirmación de las ideas y un control permanente mediante normas e instituciones dispuestas a darles eficaz cumplimiento. La Defensoría del Pueblo se mantendrá dispuesta a evaluar y considerar cualquier iniciativa que vaya en esta dirección, en el marco del cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos y la democracia.