Por Rocío Silva Santisteban
Publicado en La República, el 10/07/2011
Desde la perspectiva de los derechos humanos, en los primeros 100 días de gobierno el presidente electo Ollanta Humala debería de tener en consideración algunos puntos que las diferentes instituciones de derechos humanos, tanto de la sociedad civil como de la estructura del Estado, así como las propias asociaciones de víctimas y afectados, incluyendo familiares de policías y militares asesinados, venimos reclamando. Por supuesto el primer punto, el fundamental, es que no se permita la impunidad de perpetradores de crímenes de lesa humanidad, y eso implica obviamente no pensar en indultos ni en amnistías por el momento. Pero en ese punto no se acaba la agenda urgente.
Uno de los asuntos fundamentales es darle la debida importancia al Plan Nacional de Derechos Humanos. Este plan, que ha sido consensuado de forma increíble con un sinnúmero de sectores, no tuvo la acogida esperada en este gobierno saliente, suponemos que básicamente porque se trataba de un plan generado en el gobierno de Alejandro Toledo. Por ejemplo, desde el Consejo de Derechos Humanos, su joven secretario ejecutivo Stephen Haas ha venido realizando una labor sostenida de consulta, trabajo en conjunto y sobre todo un celo muy loable para cumplir con el plan; pero sus intenciones siempre se han topado con la pared de la voluntad política de sus jefes. Haas es un abogado especialista en derecho humanitario y derechos humanos que, realmente, merece nuestro reconocimiento: sin embargo, el plan y otros documentos internacionales (como los protocolos de derechos económicos, sociales y culturales) no han podido ejecutarse ni difundirse. Si la población en general no conoce que existe este Plan Nacional, entonces ¿de qué manera puede exigir que se cumplan sus propósitos?
Otra tema que los funcionarios del nuevo gobierno tienen que asumir como pasivo de este que sale son todos los decretos de urgencia o legislativos que han servido para criminalizar la protesta social, lo que ha permitido que este gobierno salga con el récord de 96 muertos durante manifestaciones, protestas o incluso plantones pacíficos. ¿Por qué? En primer lugar, porque las mesas, como lo he dicho en anteriores ocasiones, no han sido sino “mesas de mecidas” y esa negación de negociar ha exacerbado los ánimos de una población que se cansa de esperar postergada al infinito. O, por el contrario, se toman decisiones en las regiones y se las desautoriza desde el gobierno central con el objetivo de “favorecer a la nación sobre los caprichos locales”. O por último se beneficia a un sector local y no se aceptan los puntos de vista del otro. Luego está el propio actuar de la policía, sobre todo, de los Diroes, que en muchos casos han usado balas contra la población desarmada y en otros no han sabido cómo no sobre-reaccionar. En este sentido, habría que felicitar a los comandantes de las diferentes bases del Ejército que, pudiendo intervenir por el DL 1095, no lo han hecho, porque saben precisamente a qué exponen a la población. Este es un decreto que debería derogarse al inicio del próximo gobierno.
Es impostergable también investigar los procesos de esterilizaciones forzadas llevados a cabo como políticas de Estado en el área de salud durante el gobierno de Alberto Fujimori, con los ministros Costa Bauer y Aguinaga, y asimismo cumplir con las reparaciones a las que ya se ha comprometido el Estado peruano. El presidente electo no debe olvidar el crucial rol que cumplió este tema en la balanza de los últimos días del debate electoral.