La tortura en Majaz no debe quedar impune.

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

La impresionante serie de fotografías publicada por La República sobre la demencial reacción de un grupo de policías y agentes privados de seguridad, en contra de los comuneros de Majaz, ocurrida en agosto del año 2005, constituye un testimonio valioso e inequívoco sobre hechos gravísimos e inaceptables que no pueden quedar en la impunidad.

Hasta ahora se tenía conocimiento del fuerte antagonismo entre el proyecto minero Majaz-Río Blanco y la población aledaña a la zona donde se proyectaba la operación minera.

Esto incluyó una consulta popular realizada en el año 2007, bajo la supervisión de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, en la cual los comuneros decidieron no ceder sus tierras para el desarrollo del proyecto minero con el fin de mantenerlas para uso agrícola.

Dicha decisión puede ser correcta o incorrecta desde el punto de vista del país e, incluso, desde el de los intereses específicos de los propios comuneros, en el mediano y largo plazo, lo cual debería ser un factor fundamental en las acciones que finalmente se adopten y promuevan desde el Estado peruano.

Es decir, la voluntad de la población en donde se pretende desarrollar una actividad minera debe ser decisiva para el desarrollo del proyecto. Y, con dicho fin, las empresas debieran ser capaces de persuadir a las comunidades con argumentos y en el marco de un proceso de diálogo en el que se aseguren los derechos de las personas que viven en la localidad.

Las empresas deben prepararse para el diálogo y las comunidades deben hacer lo mismo, asesorándose para encarar una negociación que debería favorecerlas a ambas. El Estado, por su parte, debería actuar como facilitador del proceso con el fin de encontrar soluciones que armonicen los intereses del país y de la población con los de un desarrollo empresarial responsable con la sociedad.

Pero lo que es absolutamente inaceptable es que los mecanismos de persuasión y de convencimiento a la población sean la violencia, la tortura de decenas de hombres y mujeres, el secuestro por varios días e, incluso, el asesinato del comunero Melanio García, que es lo que ocurrió en Majaz en agosto del año 2005, lo cual ha sido demostrado por el testimonio fotográfico revelado en este diario.

Por el respeto a los derechos humanos, así como a la responsabilidad social que las empresas decentes deben observar en su desempeño, lo ocurrido en Majaz no puede quedar impune, tal como ha ofrecido el premier Yehude Simon. Hay que estar atentos para que así sea.

Publicado en La República de hoy.

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