PRONUNCIAMIENTO
En esta fecha en que el país conmemora su independencia, hacemos un alto para mirar con preocupación el rumbo que estamos tomando como sociedad.
La promesa republicana de igualdad, justicia y dignidad para todas las personas sigue sin cumplirse. Por el contrario, los pilares de un Estado democrático se debilitan de forma evidente: se restringe el acceso a la justicia, se bloquean las políticas de igualdad de género y se niegan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se normaliza el uso de la violencia estatal como respuesta frente a la protesta y la disidencia.
La inseguridad ciudadana se agrava día a día, y quienes deberían responder con políticas públicas eficaces, solo atinan a ofrecer populismo punitivo, discursos de odio o medidas autoritarias que debilitan aún más el Estado de derecho.
Nos alarma especialmente el avance en la captura del sistema de justicia: el Congreso ha emprendido una ofensiva para controlar organismos autónomos y debilitar el trabajo de jueces, fiscales y otras instituciones fundamentales en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Una expresión extrema de este retroceso es la reciente aprobación de la Ley de Amnistía que busca borrar los delitos de lesa humanidad, deslegitimar décadas de lucha por la verdad e imponer el olvido como política de Estado. No se puede construir democracia sobre el desprecio a las víctimas ni sobre la impunidad de sus agresores.
Vivimos una reducción cada vez más alarmante del espacio cívico, marcada además por el desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma la reforma a la Ley APCI, que busca someter a control político a las organizaciones de derechos humanos y limitar el trabajo de la sociedad civil crítica, independiente y comprometida con la justicia.
Por si fuera poco, nos encaminamos hacia un nuevo proceso electoral marcado por reglas impuestas por quienes hoy ejercen el poder, diseñadas para favorecer su permanencia y proteger intereses particulares.
En medio de este panorama, reafirmamos nuestro compromiso con la vigilancia activa, la defensa del espacio democrático y la construcción de un país donde la justicia no dependa del poder, y la dignidad de las personas no sea una promesa, sino una realidad.
Nos queda la memoria, la dignidad y la convicción de no rendirnos. Porque mientras haya quienes resistan, ningún intento de impunidad será definitivo.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
