Editorial

El día 16 de junio de 2010, se convertirá para nuestras próximas generaciones en una fecha para recordar, aunque no por ser un día en el que haya ocurrido un suceso importante para el desarrollo del país, sino todo lo contrario, será recordado como el día en que nuestro país cedió parte de su soberanía energética al Brasil, al suscribir el Presidente Alan García el “Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de excedentes al Brasil”.

Como lo han señalado diversos especialistas, este convenio (1) –que contempla la construcción de una serie de hidroeléctricas –, traerá consigo el desplazamiento de miles de personas, la inundación de bosques amazónicos, así como la desaparición de un tramo importante de la carretera Interoceánica Sur que actualmente se encuentra en construcción, entre otros graves impactos socioambientales. Por ello, lo mínimo que debió hacer el gobierno durante el proceso de negociación es difundir y generar el más amplio debate sobre este tema. Sin embargo, esto no ha ocurrido y es muy poco lo que el país sabe sobre un acuerdo que comprometerá nuestros recursos naturales para las próximas décadas.

La ejecución de megaproyectos energéticos en el marco de un convenio internacional no tiene precedentes en el Perú, y por tanto era necesario realizar una evaluación seria acerca de nuestras necesidades energéticas, las mejores fuentes para conseguirlas, y también determinar la conveniencia y condiciones de venta de energía al Brasil.

Por otro lado, el acuerdo debió considerar el compromiso claro y concreto de cumplir los estándares sociales y ambientales más elevados, ya que los impactos que generan los proyectos hidroeléctricos —en el corto y mediano plazo— pueden conllevar una crisis ambiental y de gobernabilidad en la Amazonía, debiendo señalarse que la ejecución de este tipo de obras en el Brasil, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas durante las últimas tres décadas, además que sus niveles de contaminación son diez veces mayores que las de carbón.

La generación de energía es fundamental para promover el desarrollo, pero los proyectos que se ejecuten deben garantizar su sostenibilidad, el respeto del medio ambiente, los derechos de quienes serán afectados y servir en primer lugar a las necesidades del país. Éstas últimas, por su parte, pueden satisfacerse plenamente con energía limpia (eólica, termo-solar e hidroeléctrica en los andes), ya que el Perú cuenta con un potencial nueve veces mayor al de la demanda interna actual.

En realidad no existía motivo justificado para el apuro en la suscripción del acuerdo con el Brasil, salvo las necesidades energéticas de nuestro vecino, con quien deberíamos buscar una integración equitativa y beneficiosa para ambas partes. A diferencia del gobierno brasileño, el Perú demuestra una vez más que no existen políticas de Estado ni planificación alguna que le de base sólida al crecimiento económico que hoy vivimos.

Fuente: SER

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