Al Congreso de la República le compete velar por la aprobación de la Ley de Consulta Previa

Organismos se pronuncian ante  inconstitucionalidad de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo

Tras las observaciones hechas por el presidente Alan García a la Ley de Consulta Previa, aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo pasado, las  mismas que han sido consideradas por los pueblos indígenas como racistas y autoritarias, sin fundamento jurídico e inconstitucionales, la responsabilidad de aprobar la ley sin observaciones recae nuevamente en el Congreso de la República.

En una conferencia de prensa realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de esta institución; Hernán Coronado, coordinador de la Mesa de Trabajo de Pueblos Indígenas; Germán Vargas, director nacional de de Paz y Esperanza; y Francisco Soberón, director de Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),  coincidieron que ahora le compete al Congreso de la República velar por la aprobación de una Ley de Consulta Previa, respetando los derechos de los pueblos indígenas, vigentes en la Constitución del Perú y en el Convenio 169 de la OIT.
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Gamarra manifestó que la actitud del actual Gobierno reafirma su política de no escuchar a los pueblos indígenas e irrespetar las pláticas y consensos, como las desarrolladas en las mesas de diálogo tras los sucesos de Bagua.

Mientras  que Coronado, agregó que el Gobierno además contradice la resolución del Tribunal Constitucional a favor del derecho de la consulta, “el Perú se suscribió al Convenio 169 desde hace 15 años. Con estas observaciones, el gobierno está vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas”, remarcó.
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OBSERVACIONES

Las observaciones de García hacia la Ley de Consulta desconocen a los pueblos indígenas andinos del Perú, por lo que: desvirtúa el derecho a la consulta, exime de responsabilidades a funcionarios vinculados al tema, otorgando impunidad.

De otro lado,  se atribuye como función del Estado la identificación de los pueblos indígenas, contra lo que manifiesta expresamente el propio Convenio al que contradictoriamente cita el Gobierno; y, entre otros aspectos más, sustantivamente contradice la Constitución. Hernán Coronado enfatizó que las observaciones, “ carecen de argumentos jurídicos evidenciando que fueron hechas bajo una perspectiva meramente política”.

Ante ello, las organizaciones presentes en la conferencia exhortaron que se apruebe la Ley de Consulta sin observaciones.