Dr. Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación. (Foto: Ministerio Público)

ONG venezolanas se solidarizan con las denuncias de sus pares peruanos en rechazo a la acusación contra el Fiscal de la Nación y Magistrados del Tribunal Constitucional

(Caracas, 21 de noviembre de 2017) Las organizaciones sociales y derechos humanos de Venezuela que suscribimos el presente documento queremos expresar nuestra total solidaridad con el movimiento de derechos humanos de la hermana República del Perú, quienes en este momento denuncian el ataque contra la institucionalidad democrática de su país por parte de sectores herederos del autoritarismo fujimorista.

Como expresó un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú el pasado 15 de noviembre, de manera irregular se aprobó en el Congreso de la República de ese país, una acusación contra el Fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, bajo los supuestos delitos de “omisión de lucha contra la corrupción e infracción de la Constitución”. Sin embargo, la realidad es que la bancada fujimorista del Parlamento ha venido asediando tanto a la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y la prensa independiente, mediante prácticas no democráticas que recuerdan los mecanismos que implementaron una dictadura moderna en ese país entre los años 1990 y 2000. Las presiones contra el Fiscal son, en opinión de diferentes sectores del Perú, una retaliación por sus investigaciones sobre el caso Odebrecht y Lava Jato.

La debilidad de las instituciones democráticas latinoamericanas han posibilitado la aparición de un nuevo tipo de dictaduras en la región: Aquellas que llegan al poder mediante elecciones pero luego atacan la independencia de los entes públicos y debilitan las libertades y derechos humanos para mantenerse irregularmente en el poder. Como nos recuerda el caso peruano, el tránsito del autoritarismo a la democracia debe contar con la voluntad política suficiente de todos los actores para permitir transformaciones estructurales e institucionales que impidan que los hechos puedan repetirse. Los actos alentados por la mayoría fuijomorista en el Congreso peruano intentan, nuevamente, socavar el estado de derecho en el país andino. En palabras de la CNDDHH: “Nos costó mucho derrocar a la dictadura, 17 años después no podemos volver a esta”.

Por este motivo, las organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas expresamos:

– Nuestra total solidaridad con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y el resto del movimiento social del país, en su lucha por el fortalecimiento democrático y la vigencia plena de los derechos humanos.

– El llamado a que sea respetado los canales institucionales, la separación de poderes, el debido proceso y el derecho a la defensa en las acusaciones contra cualquier funcionario del país

– La exigencia a que continúen investigándose la totalidad de las denuncias sobre los casos de corrupción, incluyendo las irregularidades vinculadas a la empresa Odebrecht.

– La continuidad de las reformas estructurales, institucionales y jurídidas que permitan las suficientes garantías de no repetición de las situaciones denunciadas en el Perú entre los años 1990 a 2000. Asimismo, continuar investigando y sancionando las responsabilidades sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese período.

Adhieren el presente comunicado

 

Fuente: rafaeluzcategui.wordpress.com